Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado el pasado martes un acuerdo histórico para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones para la reconstrucción de las economías del bloque comunitario, de los cuales 390.000 millones serán entregados en forma de subvenciones a los estados miembros en función del grado de afectación provocada por la pandemia, y los restantes 360.000 millones serán otorgados en forma de créditos a bajo interés.

Las medidas adoptadas hasta ahora pueden evitar la avalancha inicial, pero no resuelven el inevitable colapso.

Borja: "Veremos si la jurisprudencia no declara alguno hasta nulo, pero hasta que no tengamos jurisprudencia no lo sabremos"

La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, advierte que los despidos por causas de COVID en las empresas que están acogidas a ERTE son improcedentes. “Y veremos si la jurisprudencia no declara alguno hasta nulo, pero hasta que no tengamos jurisprudencia no lo sabremos”, añade. “Si pueden hacer despidos por causas objetivas, pero no por COVID, sino porque llevaran arrastrando pérdidas desde antes de marzo, por ejemplo”, ejemplifica.

Los ceses por videollamada debilitan la protección del empleado y crean inseguridad jurídica en la empresa. Según figura en el Estatuto de los Trabajadores, la comunicación del despido tiene que ser por escrito.

George Clooney, en la película Up in the air, interpreta a un gestor de despidos; un profesional al que las compañías contratan para que asuma la tarea de comunicar a los trabajadores su cese. Durante la notificación, protocolizada hasta el extremo, contrasta la frialdad (e, incluso, el cinismo) del personaje interpretado por Clooney con la angustia de un empleado que, sin embargo, se ve despachado en apenas un par de minutos.

Se endurecen los requisitos de las ayudas para sumar a los 'halcones'.

Pasaron los tiempos en los que las cuatro grandes economías europeas ejercían un peso aplastante en la toma de decisiones. El eje franco-alemán pierde influencia en un momento crítico para la recuperación de la economía europea, aplastada por la pandemia del coronavirus. Los diferentes grupos de intereses complicarán en la cumbre de la próxima semana la aprobación de los fondos europeos para la reconstrucción, la tabla de salvación para países como España o Italia.

Se pide a las empresas cuya actividad sea viable que exploren todas las vías antes de acudir a la liquidación de la compañía.

El impacto del Covid-19 ha amenazado con poner en jaque las finanzas de las empresas. La caída en el negocio provocada por el parón en la actividad, el aumento de la deuda debido a las líneas de crédito solicitadas y una lenta recuperación de los ingresos pueden llevar a dificultades económicas que arrastren a las compañías hacia la insolvencia.

Esta ley deroga el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzaran el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

La sala IV de lo social del Tribunal Supremo, que juzgaba en este caso si era procedente la extinción causal del contrato de trabajo, cuando la empresa había pagado una parte de las nóminas sin declarar ante la Seguridad Social y ante Hacienda, ha fallado, en sentencia de 18 de julio de 2020, que el pago continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando así a la cotización a la Seguridad Social, constituye un "grave incumplimiento" de las obligaciones empresariales y justifica la resolución del contrato a petición del trabajador y su derecho a percibir una indemnización de carácter improcedente (33 días por año trabajado).

El Pleno del Congreso avaló, con la abstención de El PP, Vox, EH-Bildu y el BNG y el apoyo del resto de la Cámara, el decreto ley con medidas dirigidas a afrontar la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 como una nueva línea de avales públicos, la creación de un fondo de rescate para empresas estratégicas y el Plan Renove 2020 para la sustitución de vehículos, dejando la puerta abierta a cambiarlo, la Cámara se reservó la posibilidad de introducir cambios en el texto al aprobar su tramitación como proyecto de ley y así poder presentar enmiendas.

Es un tema especialmente complejo y casuístico, por lo que siempre es necesario hacer un estudio detallado del caso concreto.

La crisis sanitaria del Covid-19 ha impulsado, parece que definitivamente, el teletrabajo en nuestro país. El anteproyecto de ley presentado hace unas semanas pretende dar seguridad jurídica a empresarios y trabajadores sobre el régimen de esta forma de empleo. Sin embargo, más allá de las relaciones laborales, el desempeño en remoto plantea otras dudas que, en las últimas semanas, están llegando a los despachos de abogados. Una de ellas es la fiscalidad de los ingresos de los teletrabajadores, así como el régimen prestacional si se trasladan a otro país.