La justicia avala el cese disciplinario si el empleado no justifica su ausencia aunque la empresa le llame antes de tiempo.

La banca advierte de que las estrictas condiciones y la burocracia fijadas por el Gobierno harán muy complicado que lleguen a muchos de sus potenciales destinatarios

Siempre, aun en los tiempos en que nos toca convivir con esta pandemia derivada del virus Covid-19 , resurge de entre toda la vorágine un poso de solidaridad y ayuda para con nuestros semejantes que se convierte en motivo de noticia alentadora y pujante que hace que, conocida la misma, se valore en su justa medida a todas esas personas, empresas y vecinos que, sin conocerse de nada, actúan en pos del beneficio común aportando su trabajo, ayuda y, por qué no decirlo, esfuerzo económico.

Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para mitigar la difícil situación de los autónomos parecen no ser suficientes, al menos a juicio de los miembros del colectivo. De hecho, si no se toman medidas urgentes, muchos trabajadores pueden sufrir las consecuencias de una pandemia que, como ya ha quedado demostrado, está teniendo un impacto sin precedentes sobre el tejido productivo y empresarial español.

La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 constituye una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

Si en algo pueden estar de acuerdo todos los agentes económicos frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19,  es en la previsión de encontrarnos ante un hundimiento de gran calado del tejido empresarial, en un auténtico desplome de la economía, de mayor o menor intensidad según distintas opiniones, tanto en el aspecto  cuantitativo como en su alcance temporal, pero en todo caso de unas proporciones no conocidas en los últimos 80 años de nuestra historia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado lunes la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el fin del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados hasta el próximo 24 de mayo.

Las asociaciones de jueces coinciden al afirmar que en caso de que las empresas decidan controlar la temperatura de sus empleados a la entrada del centro de trabajo no vulnerarán el derecho de las personas a su intimidad ya que se trata de prevenir nuevos contagios, y la salud pública prevalece sobre los derechos individuales.

Los autónomos que hayan sufrido una reducción del 75% en sus ingresos, debido a la crisis del coronavirus, podrán rescatar sus planes de pensiones sin ningún tipo de penalización. Este nuevo caso se suma a los anteriores vigentes hasta ahora.

​El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6. Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional.