Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para mitigar la difícil situación de los autónomos parecen no ser suficientes, al menos a juicio de los miembros del colectivo. De hecho, si no se toman medidas urgentes, muchos trabajadores pueden sufrir las consecuencias de una pandemia que, como ya ha quedado demostrado, está teniendo un impacto sin precedentes sobre el tejido productivo y empresarial español.
Con estas necesidades como telón de fondo, la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA), una de las principales asociaciones de defensa del colectivo, ha puesto sobre la mesa un conjunto de propuestas encaminadas a ayudar a los trabajadores por cuenta propia en esta difícil situación. Estas son las ocho ayudas que exige la asociación al Gobierno.
- Ampliación de los ERTE de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre, y no solo en el periodo de duración del estado de alarma, para sectores especialmente afectados por la crisis económica de la COVID-19, como el turismo, la cultura, el ocio y los congresos. Además, piden una flexibilización del periodo de mantenimiento del empleo una vez finalizados los ERTE.
- Ampliación de la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta que finalice la desescalada programada y se recupere la normalidad.
- Un subsidio extraordinario para aquellos trabajadores cuya actividad esté vinculada a periodos estacionales, como hamaqueros, titulares de chiringuitos así como personas trabajadoras autónomas que realizan actividades vinculadas a las ferias y fiestas patronales, como titulares de atracciones de feria, kioscos de venta de comidas, puestos de venta ambulante, bandas de música, etc).
- Información adicional sobre cuándo y en qué condiciones se podrán llevar a cabo obras de rehabilitación y reforma en viviendas habitadas y actividades de montaje, como mobiliario y cocinas.
- Una flexibilización en las condiciones para acceder a la moratoria por alquiler de vivienda y de locales de negocio. El principal requisito para poder acceder a ello es presentar un certificado emitido por la AEAT que acredite el cese de la actividad; es decir, se exige baja en Hacienda y por tanto en la Seguridad Social (cese total de la actividad). Para UPTA, esta exigencia contradice el espíritu de las normas que regulan estas medidas, que no es otro que el mantenimiento del tejido productivo. Obviamente, si un autónomo tiene que cerrar para acogerse a estas medidas, ya no la necesita, porque no tiene actividad.
- La compatibilidad del cobro de la prestación por cese de actividad con el ejercicio de la actividad económica, y con nivel del nivel de facturación obtenido por el beneficiario de la prestación.
- Una ampliación de los CNAES para acogerse a la moratoria de seis meses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
- Una coordinación más eficiente con las comunidades autónomas sobre las medidas a aplicar en materia de seguridad y salud laboral, por sectores de actividad durante la desescalada y posteriormente a ella.
