La atención presencial a los contribuyentes se retomará el 25 de mayo. Así, para presentar la declaración de la Renta de forma presencial no se podrá hacer desde el 13 de mayo, como estaba previsto originalmente por la AEAT, tras el acuerdo alcanzado entre la CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el resto de organizaciones representativas, respecto a la reincorporación progresiva del personal al servicio de esta administración, conforme al plan de desescalada por fases establecido por el Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer tramo de la línea de avales del ICO (Instituto de Crédito Oficial) por valor de 20.000 millones de euros, destinado a la concesión de créditos del que el 50% se destinará a financiación de pymes y autónomos y el otro 50%, a las empresas. Así mismo, aprueba otros 4.000 millones para créditos canalizados a través de pagarés del mercado alternativo de renta fija (Marf) y 500 millones más vinculados a las sociedades de garantía recíproca por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).

Con fecha 1 de mayo de 2020, la DGT (Dirección General de Trabajo) ha emitido el Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma, a partir del Plan de desescalada del gobierno, aclara cómo se debe proceder por parte de personas trabajadoras y empresas en relación con las medidas laborales de emergencia previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020, particularmente en relación con las denominadas “medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos”.

El teletrabajo y la digitalización del proceso productivo requerirán inversión y regulación, pero se quedarán. Los expertos discrepan sobre si los ERTE son una herramienta que se seguirá usando mucho tras la crisis.

Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral.

Las empresas están preocupadas por la legalidad de medidas como “tomar la temperatura a la entrada del local a empleados y clientes”, “la geolocalización a través del móvil” o quizás en el futuro, “un pasaporte inmunológico” que confirme que esa persona ya dejó atrás el coronavirus, tal y como ocurre ya en China o Corea del Sur, que sus ciudadanos están obligados a portar dicho pasaporte en sus desplazamientos.

Los asesores fiscales remiten a la Dirección General de Tributos y a la Secretaría de Estado de Hacienda una carta en la que se detallan las razones técnicas para ampliar el período de presentación del IS. Para la AEDAF es claro que si no se modificara el plazo para las empresas cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, el cálculo del Impuesto se llevaría a cabo desde una base errónea. Y además extender el plazo de presentación evitaría que se presenten declaraciones que posteriormente tengan que ser rectificadas.

El estado de alarma ha ocasionado una ralentización significativa en el modo de funcionamiento de la Administración de Justicia, amén de generar situaciones que hacen previsible el incremento de actuaciones judiciales al tiempo de volver a la “normalidad”, proyectándose en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, métodos para intentar hacer frente a este contexto y así:

Las moratorias legales no generan, por sí mismas, en el momento de su aplicación, ningún cambio sobre la clasificación contable del préstamo por riesgo de crédito.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es clara al respecto, y en su artículo 22 establece que "el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo" que consiste un reconocimiento médico, y el empresario sí tiene obligación de ofrecerlo en todos los casos.