La
corrección tiene efectos retroactivos y los contribuyentes podrán pedir
rectificación por ingresos indebidos. Hacienda quiere blindar la imposición
patrimonial en la reforma de la financiación.
El
Gobierno ha aprovechado el real decreto que prorroga parcialmente el escudo
anticrisis para corregir uno de los errores que incluía la redacción original
del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. En concreto, según recoge
el Boletín Oficial del Estado de ayer, se amplía a los no residentes la
exención de 0,7 millones de euros de la que gozan los ricos que residen en el
país y que tienen que abonar el gravamen. “Se modifican determinadas normas
tributarias, a in de extender el mínimo exento de 700.000 euros a todos los
sujetos pasivos del impuesto, con independencia de que sean o no residentes en
España”, señala el BOE.
El
impuesto sobre las grandes fortunas, creado para anular las bonificaciones
autonómicas en el impuesto sobre el patrimonio, afecta a los ricos que tienen
más de tres millones de euros, aunque dispone de un mínimo exento de 700.000
euros. El tipo aplicado es del 1,7% entre 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1%
entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% para los más adinerados, a partir de los
10,6 millones de euros. Además, de cara a evitar la doble imposición, tiene una
deducción total de la parte abonada en patrimonio. A partir de aquí, uno de los
problemas más gravosos es que este mínimo exento de 700.000 euros, según el
diseño original del impuesto, solo beneficia a los residentes, estableciendo
una suerte de agravio comparativo con los no residentes. Es esta falla la que
ahora corrige el Ministerio de Hacienda aprovechando el real decreto ley
ómnibus.
El
diseño inicial del impuesto, explica Rubén Gimeno, secretario técnico del
Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE),
producía una “discriminación” hacia los no residentes “al no permitirles la
exención de 700.000 euros”. Ahora, prosigue, Hacienda mitiga el fallo y además
reconoce efectos retroactivos. De esta manera, los no residentes que pagasen el
impuesto en 2022 (el primer año de aplicación) podrán solicitar una rectificación
de devolución por ingresos indebidos, que cuentan además con un interés del 4%.
Según
detallan fuentes jurídicas consultadas, el trato diferencial hacia los no
residentes era uno de los aspectos que podían hacer temblar el gravamen, ya que
otros argumentos, como la posible invasión de competencias autonómicas, han
sido ya rechazados por el Tribunal Constitucional. Por eso, apuntan, y dado que el tributo seguirá
prorrogado un año más, Hacienda corrige el error y da a los afectados la
posibilidad de pedir cuentas.
En
efecto, el texto publicado en el BOE extiende un año más el impuesto sobre las
grandes fortunas, fiando su futuro a la reforma del sistema de financiación
autonómica y al blindaje de impuestos como el de patrimonio. “En tanto no se
produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma
del sistema de financiación autonómica, se prorroga la aplicación del impuesto
temporal de solidaridad de las grandes fortunas”, recalca el texto. El
Gobierno, de hecho, confirma que su intención es establecer una tributación
mínima en los impuestos que gravan la riqueza para que las comunidades no
puedan bajar de ciertos umbrales. Así, la prórroga del impuesto sobre las
grandes fortunas “se estima imprescindible y urgente” para que la reforma de la
financiación autonómica se lleve a cabo “en las debidas condiciones de
armonización tributaria, de manera que, en su punto de partida, las diferencias
en el gravamen del patrimonio en las distintas
comunidades autónomas no difieran sustancialmente”.
El
impuesto a los ricos, extraordinario y temporal en un inicio, se aprobó a finales
del año pasado para gravar la riqueza de ese ejercicio y del siguiente. La
primera liquidación se hizo en julio de 2023 sobre el patrimonio de los
contribuyentes de 2022, mientras que la segunda tendrá lugar en 2024. El
Ministerio de Hacienda, según los datos oficiales, recaudó durante el pasado
ejercicio con esta novedosa figura un total de 623,6 millones de euros
provenientes de 12.010 grandes patrimonios de todo el país. De todos ellos,
10.302 (el 85%) estaban afincados en Madrid y pagaron 555 millones, el 89% del
conjunto de los ingresos. Los no residentes no se encuentran desagregados.
Entre ellos y los ricos de Ceuta y Melilla, sumaron un total de 342 obligados
tributarios.
En
paralelo, el BOE también recalca que Hacienda prorrogará un año más los
gravámenes extraordinarios a banca y energéticas (este último con bonificaciones
a cambio de inversiones en transición verde) con el compromiso de revisarlos
para integrarlos plenamente en el sistema tributario español a partir del año
2025.
FUENTE: Cinco Días
