Además de afrontar el aumento del SMI, se prevé que tengan que pagar entre 3 y 12 euros más de cuota a partir de octubre
El Gobierno anunció la semana pasada que el Salario Mínimo Interprofesional subirá 15 euros desde este mes, y pasará de los 944 euros a los 965. Esta subida se producirá de forma retroactiva, por lo que todo aquel que tenga trabajadores cobrando el SMI deberá ajustar las nóminas ya mismo y pagar 15 euros más a cada trabajador. Al margen de esto, los expertos afirman que las cotizaciones suelen suponer el 33% del sueldo bruto del trabajador, por lo que también tendrán que pagar, al menos, 5 euros más de cotización a cada empleado que cobre el SMI. A estos dos nuevos gastos hay que sumarle un tercero, y es que la subida de la cuota de autónomos se paralizó hasta que se lograra la aprobación del SMI, por lo que se espera que se reactive a partir de octubre y que el aumento sea de entre 3 y 12 euros.
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), defendió que la subida del SMI a quien más afecta es a las pequeñas empresas y a los autónomos, y no a los gigantes empresarios, y que por lo tanto, “es una pena que se suba en contra de la opinión de quien debe pagarlo”. También puso de manifiesto que esta medida “puede de nuevo traer economía sumergida y hacer daño al empleo”, y mostró su descontento añadiendo que “tiene poco sentido subirlo 15 euros ahora y dentro de tres meses, volver a realizar una subida”.
Un varapalo tras otro
Los autónomos y los pequeños negocios son quienes tienden a tener mayor número de empleados cobrando el umbral mínimo, y no las grandes compañías, por lo que serán los más afectados por la subida del SMI. Otro factor a tener en cuenta es que a pesar de que la recuperación económica comienza a notarse en ciertos ámbitos, en otros como la agricultura, el sector servicios o la hostelería todavía no se ve la luz al final del túnel, y no generan beneficios suficientes para afrontar esta subida del SMI.
Este nuevo varapalo viene después de que pymes y autónomos hayan visto el fracaso del nuevo real decreto que iba a ampliar y a cambiar las condiciones del plan de ayudas, y es que en una primera fase, apenas ha cubierto la mitad del presupuesto del que disponían las autonomías. Esto se debe a la complejidad de los requisitos, al exceso de burocracia y a que al no ser una ayuda directa real, sino una subvención, depende de la presentación de gastos y facturas.
FUENTE: LA RAZÓN
