Aunque aún no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo pretende que la reforma esté lista este mismo año.
Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, declaró este lunes que se aproxima una “verdadera revolución en el mercado laboral español; una gran enmienda colectiva a lo que se ha hecho, a unas prácticas que no han sido correctas”. La idea de este cambio pasa por terminar con la temporalidad de los contratos. Hacer que los contratos indefinidos sean predominantes ante los temporales, aunque esta temporalidad quedará justificada para los empleos estacionales, como la agricultura o el turismo.
Aunque para la ministra de Trabajo la “estacionalidad no implica precariedad” e incidió en la necesidad de impulsar los contratos fijos-discontinuos para este tipo de actividades. Según fuentes a las que ha tenido acceso elEconomista, el Gobierno pretende elaborar una lista de causas que justifiquen las relaciones contractuales temporales. Así, se haría frente a casos como la interinidad por sustituciones.
Estas mismas fuentes declaran que a la hora de atenerse a las condiciones de los contratos temporales existe un incumplimiento metódico y tanto los sindicatos como los empresarios consideran que estas acciones, muy extendidas dentro de la cultura empresarial, constituyen un perjuicio permanente.
En este sentido, Díaz hace referencia al uso de los contratos de muy corta duración (de lunes a viernes), los cuales están castigados con un aumento en las cotizaciones del 40%. Pero a pesar de dicha penalización y de no parecer rentables, mantienen un uso extendido.
La transformación hacia el empleo indefinido se fundamentará en tres pilares. Primero la delimitación y clarificación de las causas que justifiquen la temporalidad; el uso de los fijos-discontinuos para los empleos con mayor estacionalidad; y por último aumentar la eficacia de las sanciones.
La idea para fomentar el uso de los contratos fijos-discontinuos pasa por determinar mecanismos tanto compensatorios como disuasivos, para que la cultura de la temporalidad cambie, y definiendo claramente las causas para que las sanciones ganen en eficacia.
En relación con los plazos, la ministra declaró que “en derecho, los plazos no se discuten, están para ser cumplidos”. Con esto quiso dejar claro que antes de que termine 2021 el ministerio de Trabajo aprobará las diez medidas de ámbito laboral comprometidas con la Comisión Europea. Además, quiso remarcar la actitud de los sindicatos y empresarios durante la pandemia, alegando la importancia y eficacia del diálogo social.
Por otro lado, habló del nuevo ERTE, cuya financiación no se llevará a cabo mediante un recargo de las cotizaciones. Declaró que aún no está cuantificado el mecanismo que financiará los mismos, quedando supeditado a futuras negociaciones.
Lo que si parece estar claro es que la implantación de estos nuevos expedientes no conllevará el aumento de las cotizaciones actuales de los trabajadores y empresas a la Seguridad Social. La pretensión enviada a Bruselas alude a que la financiación se realizará a través de un fondo generado con los excedentes de las cuotas al desempleo producidos en los años prósperos. En marzo del año pasado ese excedente fue de unos 16.000 millones de euros aproximadamente.
Además, el ministerio que dirige Yolanda Díaz quiere reducir los seis tipos de subsidios que existen actualmente a tan solo uno a partir del año 2022. La idea es que tenga una cuantía del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y ayudará a aquellos trabajadores que hayan agotado sus prestaciones contributivas y no tengan ingreso alguno mientras continúan en la búsqueda de un trabajo.
FUENTE: ECONOMIST & JURIST
