En regiones gobernadas por PP y Cs, la demanda aumentó el 77%. Asturias, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, sin rebajas fiscales.
El temor a que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe interviniendo, y por tanto gravando los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas, como es el caso de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, ha provocado una avalancha de consultas a los despachos de abogados para informarse del modo de transmitir el patrimonio familiar a través de una donación, y sin tener que llegar al momento de la herencia. Solo en las CCAA gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, sumándose a ellas Cantabria, las donaciones han aumentado en un 76,97% hasta el último trimestre de 2019.
Así lo constatan informes de la Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones, y lo manifiesta la estadística del Colegio Nacional de Notarios, reflejando que, desde 2018 hasta el tercer trimestre de 201,9 se observa un claro incremento de las donaciones en España, especialmente en comunidades como Andalucía -donde aumenta hasta un 265%-, Murcia, Canarias, Cantabria o La Rioja. Ahora bien, en líneas generales, entre las que suben y las que se quedan prácticamente igual, el incremento es del 6%.
Es especialmente llamativo el aumento de donaciones que se registra en la comunidad andaluza, que pasa de 4.999 en 2018, a, 13.290 en los primeros nueve meses del año 2019 (un 265%). Andalucía ha sido precisamente una de las comunidades más castigadas por el impuesto de Sucesiones, hasta el punto de que en 2018 eran 62.177 personas las que renunciaban a sus herencias, frente a los 45.328 que lo hicieron en 2019.
En los tres primeros trimestres del 2019 se ha producido una reducción en el número de renuncias a las herencias, que alcanza el 3,48%
Es en este periodo cuando se produce un cambio de Gobierno, tras 37 años de Ejecutivo Socialista, parando a una administración en manos del PP y de Cs, y cuando tiene lugar un cambio normativo, con bonificaciones del 99% tanto en Sucesiones como en Donaciones, lo cual se ha traducido en un mayor número de donaciones, y en uno menor en renuncias a las herencias, así como a la aceptación de herencia a beneficio de inventario.
Salvo Valencia, que tiene bonificado Sucesiones al 50% y en donaciones, que no tiene nada, en el resto de comunidades donde crecen las donaciones prevalece un sistema de bonificaciones del 99%, excepto Cantabria, que llega al 100%. Ni que decir tiene que entre ellas hay gobiernos de distintos signo político, si bien son la mayoría de regiones gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos donde más bonificados están estos impuestos.
La mayoría de bonificaciones en Sucesiones y Donaciones vienen de las comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos
De la estadística del Colegio Nacional de Notarios también se colige que son Extremadura, Baleares, Asturias y Cataluña donde menos crecen las donaciones con respecto a 2018. Estas comunidades se rigen por un sistema impositivo de Sucesiones y Donaciones sin bonificación alguna, excepto el caso catalán, que bonifica al cónyuge en el impuesto de Sucesiones, pero a partir de ahí bonifica con porcentajes que aplica a un tramo de base imponible. Pero en donaciones carece de rebajas fiscales.
Entre algunos de los expertos consultados, hay sospechas de que una próxima armonización fiscal, por parte del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero -como viene anunciado desde 2018-, acabe con las competencias de las Comunidades Autónomas que les permite aplicar sus propios impuestos, como recoge la Ley Orgánica de Financiación Autonómica.
El debate
En España existe un debate entre los partidarios de la armonización fiscal -como en líneas generales es la postura oficial de las formaciones de izquierdas-, y de todo lo contrario, a rebajar impuestos, especialmente los que gravan el patrimonio que un individuo ha ido acumulando y que, tras su fallecimiento, se transmite a sus familiares.
Los críticos censuran el cambio de residencia para que los herederos tributen menos
En la actualidad, en la Unión Europea Sucesiones y Donaciones está siendo eliminado progresivamente. Permanece en 11 de los 28 países que la conforman, y en 16 ha desaparecido. España, se encuentra entre los que conservan este tributo, con un impacto sobre el PIB del 0,2%.
En el estudio de 50 años de evolución impositiva, la Asociación Española de Asesores Fiscales se abona a la doctrina de que, si bien el uso que las Comunidades Autónomas hacen de sus tributos no es objeto de inconstitucionalidad hasta el momento, sí que ha dado lugar a que la imposición en materia de sucesiones y donaciones haya pasado a ser una fuente de desigualdad.
Profundizando en esa desigualdad, subrayan que son ya muchos los casos en España de contribuyentes que trasladan su residencia habitual, buscando una menor tributación para sus herederos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones. En su opinión, el tema es preocupante, porque esta posible deslocalización causa daño no solo a este tributo, sino sobre todo en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas.
Es, precisamente, en la sobreimposición con el IRPF, con el impuesto de Patrimonio, o sobre Bienes Inmuebles donde nacen criticas de reputados fiscalistas.
César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, cuestiona la compatibilidad de este impuesto con el principio de capacidad económica, remarcando el carácter desmesuradamente extenso de su hecho imponible, al gravar todo incremento patrimonial. Autores como Simón Acosta no encuentran justificación a este impuesto. A su juicio, la capacidad económica para contribuir se tiene por poseer patrimonio, pero no por morirse.
FUENTE: EL ECONOMISTA
