Recientemente el Grupo Asesor ADADE/E-CONSULTING, ha firmado un Convenio de colaboración social con la Agencia Tributaria de Andalucía, para la presentación y pago de autoliquidaciones, así como comunicaciones o cualquier otro documento con trascendencia tributaria mediante la utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en representación de terceros.

Las solicitudes para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad aumentan un 130% por la crisis de la COVID-19. Para nadie es un secreto que la pandemia actual del coronavirus ha afectado a muchísima gente en todo el mundo. Por esta razón, el número de solicitudes para acogerse a la Ley de Segunda oportunidad ha aumentado a gran escala durante la crisis de la COVID-19. Sin duda alguna, pequeñas, medianas y grandes empresas quieren utilizar este vehículo legal para hacer frente a sus deudas y empezar de cero.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Supremo, en cuatro sentencias dictadas entre el 13 y el 25 de mayo, ha fijado los criterios que deben regir en relación con el pago de los gastos registrales derivados de transmisiones de hipotecas acordadas entre entidades bancarias, en supuestos de  operaciones bancarias que no son  de saneamiento y reestructuración sino que se trata de operaciones llevadas a cabo por razones de conveniencia empresarial y por ello cabe denominarlas “ordinarias o normales”. Estableciendo que no se pueden cargar al prestatario los gastos del registro generados  por trasmisiones de hipotecas acordadas entre entidades bancarias.

Más pronto que tarde pasará la situación que estamos viviendo y, poco a poco, nuestras vidas irán recuperando la normalidad, o algo parecido a lo que antes conocíamos como normalidad; en materia de reactivación de la actividad empresarial. Eso sí, nos encontramos ante un futuro, en general, bastante incierto en el que las empresas han elaborado o deberán elaborar protocolos de actuación ante el COVID-19.

El RDL 20/2020 crea un nuevo derecho social, que nace para quedarse, aunque su regulación se ha anticipado debido a la situación provocada por el COVID-19 . Entra en vigor desde el mismo día de su publicación, el 1 de junio, con el objetivo de reducir la pobreza de los hogares, complementando las rentas percibidas (salariales, prestaciones de otro tipo) hasta un nivel mínimo de ingresos. Además, intenta fomentar la inclusión social siendo una prestación dinámica, es decir, que su percepción sea una etapa transitoria que lleve a una situación mejor; para ello se ha establecido como obligación para su cobro, el cumplimiento de unos itinerarios de inclusión para que la persona beneficiaria pueda incorporarse de nuevo al mercado laboral, e incluso se ha creado el “Sello Social” para aquellas empresas que contraten a personas que perciban esta prestación.

El Ministro Escrivá ha expresado, en una intervención pública, que se estudia y analiza la evolución por sectores para poder "definir bien" junto a los agentes sociales, la situación que va a regir más allá del 30 de junio. Al parecer la Comisión Tripartita baraja la opción de optar por fijar causas que determinen la continuidad en vez de establecer sectores.

El Tribunal Supremo fija que la declaración anual del IVA (Modelo 390) no interrumpe la prescripción para liquidar el impuesto, modificando así la doctrina jurisprudencial que, en relación con la Ley General Tributaria de 1963, había otorgado eficacia interruptiva a la presentación de dicha declaración.

Prensa AEPD. -  La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el ‘Plan de Inspección de oficio de la atención socio-sanitaria’, que analiza por primera vez los tratamientos que se llevan a cabo en este ámbito e investiga su adecuación a la normativa de protección de datos. 

El pasado 1 de junio, entraron en Fase 3 las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, (Canarias), y la isla de Formentera, (Baleares). Las comunidades autónomas que desde este lunes accedieron a la Fase 3 de la desescalada permitirán en casi todos los casos la libre movilidad entre sus provincias. Sólo Extremadura no permitirá a sus residentes esta movilidad interprovincial de momento. También se podrá circular entre las dos provincias de Castilla-La Mancha que han accedido a la Fase 3: Cuenca y Guadalajara.

Efectivamente, en sendos artículos publicados por el Diario EXPANSIÓN los pasados viernes 22 de mayo y sábado 23 de mayo, se hacía público el prestigioso RANKING sobre las empresas auditoras de nuestro país, que dicho periódico viene elaborando año tras año.