El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el Código de Buenas Prácticas aprobado el martes en Consejo de Ministros para apoyar la solvencia de empresas y autónomos que recibieron financiación con aval público.

La campaña de la Renta 2020 sigue viento en popa, aunque su trayecto continúa estando plagado de dudas. Las cuestiones relacionadas con los ERTE, los cobros indebidos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación extraordinaria de autónomos o las deducciones parecen haber quedado mayoritariamente aclaradas. Sin embargo, otro de los principales quebraderos de cabeza de los contribuyentes es saber si las indemnizaciones recibidas en 2020 están exentas o no de tributar en la declaración de la Renta.

Las subidas impositivas que recoge el Programa de Estabilidad 2021-2024 que el Gobierno ha enviado a Bruselas buscan un aumento de la presión fiscal de hasta 6 puntos para situar el indicador en el entorno del 40%. La presión fiscal abandonará así la cifra del 34%. Según los datos de recaudación, y tal como adelantó elEconomista, la presión fiscal se situó en 2020 en una cifra récord, aunque algo menos de lo esperado, ya que los ingresos han caído más de lo previsto por la Agencia Tributaria.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, consideró que si el proceso de vacunación estuviera más avanzado se podrían incentivar más las salidas de los trabajadores en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), como quiere el Gobierno, y apostó por prorrogar el esquema actual y rebajar la cláusula que 'prohíbe' despedir.

Quienes nos dedicamos al derecho de la empresa llevamos una buena temporada hablando de ERTES, ERES, reestructuraciones (usadas siempre como eufemismo), moratorias concursales, insuficiencia de masa o exoneración de pasivo insatisfecho. Sin embargo, la transposición de la Directiva 2017/828 del Parlamento y del Consejo, de 17 de mayo del 2017, con dos años de retraso como España está tomando por costumbre, nos trae ahora una reforma de Ley de Sociedades de Capital basada en la implicación del accionista a largo plazo, activación de otros stakeholders y estrategias de inversión.

Las consecuencias para un trabajador que pase de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) a un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) definitivo se decidirán en los tribunales. A pesar de que la normativa aprobada durante la crisis del COVID contempla mecanismos para proteger el empleo y evitar los despidos, en la práctica serán los jueces los encargados de interpretar las normas y sus consecuencias caso por caso.

El crecimiento de las diez grandes compañías de servicios profesionales de España se ha relajado hasta llegar al 4% en el ejercicio del año anterior debido a la crisis sanitaria y económica actual. Los dos últimos años estas cifras se componían de dos dígitos, pero el crecimiento a día de hoy se encuentra en la misma situación que en el año 2013. Por su parte, Adade ha dado otra sorpresa y se vuelve a colocar en el noveno puesto al aumentar un 5,7%.