Estamos ante la gran oportunidad de los proyectos privados para afrontar su modernización. La transformación industrial, la I+D+i, la digitalización de las pymes, el turismo y el emprendimiento supondrán casi el 90% de la inversión al tejido empresarial durante 2022

Hasta el año 2015, al contrario que las sociedades mercantiles, la insolvencia de una persona física implicaba que tuviera que responder de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Sin embargo, con la entrada en vigor del mecanismo de la segunda oportunidad, se vino a atemperar este principio general clásico en materia de obligaciones, permitiendo al deudor, bajo determinadas circunstancias, desprenderse de la losa de deuda que arrastraba con el objetivo de que pudiera rehacer su vida económicamente y tener una segunda oportunidad.

Un plus de absentismo retribuye la asistencia al trabajo, es decir, que el trabajador no se ausente de forma imprevista. Por tanto, tal y como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la empresa no puede pagar ese incentivo en proporción al número de horas que trabaja el empleado, ya que si lo hace está provocando una situación de discriminación salarial (consulte el texto aquí).

Hacienda ha publicado el proyecto de ley a través del que modificará el polémico modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, que fue tumbado por contrario al Derecho de la Unión Europea recientemente. El pasado 27 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que el sistema español que obliga a las personas a dar cuenta de todos los bienes y derechos que poseen fuera del país, y el régimen de elevadísimas sanciones para los incumplidores, no pasaban el filtro de la normativa europea.

El Supremo, en dos sentencias dictadas por el Pleno de su Sala Cuarta explican que para poder percibir el 100% de la pensión de jubilación al tiempo que se desarrolla una actividad por cuenta propia no basta con ser miembro de una comunidad de bienes o administrador de una sociedad limitada, sino que es necesario desarrollar una actividad por cuenta propia, a título individual, y tener contratado algún trabajador. No basta con que la contratación laboral la haya llevado a cabo una comunidad de bienes o una sociedad limitada.

Es despido improcedente la negativa al reingreso de un trabajador tras su excedencia forzosa para el desempeño de cargo público.

Un trabajador encadena, sin solución de continuidad, 5 excedencias forzosas por desempeño de diferentes cargos públicos entre 2005 y 2017.

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Dentro de la relación de medidas de protección social, destacamos la ampliación hasta el 31 de marzo de 2022 de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo aprobados durante la pandemia (ERTE COVID), de dicha norma se derivan, entre otras, las siguientes cuestiones:

La crisis económica consecuencia de la pandemia ha llevado a muchas personas a ver en el autoempleo una posibilidad para realizarse laboralmente. La cifra de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores y Autónomos (RETA) está creciendo y supera ya los 3 millones, la mayor cifra desde 2018. Los autónomos representan ya el 17,3% del empleo en nuestro país.

El Consejo de Ministros del martes 22 de febrero, aprobó el Anteproyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo. Este proyecto de ley constituye uno de los hitos del Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno se comprometió a cumplir en el primer semestre de 2022 y responde a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se dará a las empresas un mes de plazo para que puedan transitar desde los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia a los establecidos en la reforma laboral, medida que, según ha precisado, podría ver la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes.