La Agencia Tributaria ya ha empezado a devolver el IRPF de 2019 a aquellos contribuyentes cuya declaración de la Renta les salga a devolver.

El Código Civil prevé de manera excepcional en caso de epidemia, las leyes contemplaban cualquier situación excepcional, como la posibilidad de tener que hacer un testamento sin necesidad de salir de casa para presentarlo ante un juez o, como en la actualidad, un notario. En el vigente Código Civil, el artículo 701 contempla esa modalidad de testamento, es decir que si una persona tiene de repente la imperiosa necesidad de escribir o dejar constancia de sus últimas voluntades no sería una cuestión de peso para saltarse la cuarentena.

El Gobierno ha extendido la ayuda a los inquilinos ante la crisis del coronavirus, que ha supuesto la destrucción de casi 900.000 puestos de trabajo hasta el cierre de marzo. Entre las medidas incluidas en el último real decreto de medidas económicas se incluye una prórroga de seis meses para los contratos de alquiler de la vivienda habitual que terminen ahora, la prohibición de ejecutar desahucios durante seis meses, la concesión de microcréditos sin intereses a devolver en un periodo de entre tres y seis año y ayudas directas de hasta 900 euros. Asimismo, se permite una moratoria de cuatro meses en el pago de la renta, si los propietarios son «grandes tenedores» como fondos de inversión, entidades financieras, inmobiliarias y de gestión de activos.

Desde Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda) avisan de que en muchos casos los contribuyentes confirman precipitadamente el borrador una vez descargarlo, por lo que muchas personas podrían beneficiarse más de las ventajas a las que pueden tener derecho. Recomiendan modificar los borradores para incluir los alquileres y todas las deducciones y reducciones fiscales.

La autoridad laboral revisará de oficio todos los procedimientos y obligará a devolver las bonificaciones a las empresas que cometan irregularidades.

El endurecimiento de la cuarentena ha disparado definitivamente el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España. Según fuentes autonómicas, desde el inicio de la crisis sanitaria se han registrado más de 200.000 procedimientos de este tipo y todo hace indicar que la cascada de solicitudes está lejos de haber terminado. Algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, ya han alertado de que son incapaces de tramitar el enorme volumen de procedimientos iniciados y, de hecho, indican que muchos de ellos están saliendo adelante por silencio positivo. O lo que es lo mismo: por la vía de los hechos consumados.

El BOE del día 8 de abril ha publicado el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que además de adoptar determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, el Gobierno rectifica y permite a los autónomos compatibilizar la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad para quienes se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus con otra ayuda pública que estuvieran recibiendo, siendo esta rectificación reiteradamente pedida por el colectivo de autónomos, que sostenían que las restricciones de los RDs anteriores excluía a muchos trabajadores por cuenta propia, por ejemplo las viudas y huérfanos que cobraban una pensión, o familias en la que uno recibía una ayuda por hijo no  podían simultanearlas con estas ayudas.

 La intervención se limitaría por ahora a préstamos en condiciones favorables, con más de 35.000 millones de euros potencialmente disponibles para España.

A partir del 2 de abril, entra en vigor la extensión de la moratoria de la deuda hipotecaria, que inicialmente estaba prevista para la vivienda habitual de las personas físicas, que ahora además, se extiende a los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, por un lado, y también a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

Se ha aprobado una disposición adicional en la que se flexibiliza la disposición para recuperar los planes de pensiones, para aquellos trabajadores que se hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de actividad como consecuencia de la crisis del Covid-19 podrán disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones.