Habiendo transcurrido ya más de once años desde que la responsabilidad penal de la persona jurídica fuese introducida en nuestro ordenamiento jurídico, y casi siete desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, la conveniencia de que las organizaciones de nuestro país tengan implementados modelos orientados a prevenir y reducir significativamente el riesgo de comisión de delitos en el seno empresarial –los populares Compliance–, resulta indiscutible.

No parece que haya, por ahora, oposición al nuevo anteproyecto de ley que regula y protege a los informantes de malas prácticas en las empresas o Administraciones (en el ámbito internacional, los whistle­blowers). El texto, que está en los comienzos de su tramitación legal y, por lo tanto, puede variar, ha sido bien recibido y ya hay casos de informantes que han pedido que se les aplique la ley para evitar posibles represalias por parte de los denunciados.

Con cierto retraso, el Gobierno ultima la incorporación al Derecho interno de la conocida como Directiva Whistleblowing. La norma debería haber sido aprobada en diciembre del año pasado y, sin embargo, acaba de presentarse su anteproyecto. Los dos objetivos principales de esta directiva son proteger a los denunciantes de irregularidades y establecer las reglas mínimas de los canales a través de los cuales cualquier ciudadano, trabajador o funcionario público, pueda informarde las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, pues se ha demostrado que es una vía de gran eficacia ante la corrupción.

"Las obligaciones pueden ser de resultado o de medios"

Si una empresa aplica de forma exhaustiva todas las obligaciones que establece la normativa, así como las medidas de seguridad según la tipología de datos que trata y basándose en un análisis de riesgos, y, aun así, tiene una brecha de seguridad, ¿la pueden sancionar?

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl) ha advertido de que la propuesta de eliminar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) formulada en el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos para la reforma fiscal es una "invitación directa" a los contribuyentes a que se recurra contra las entidades locales.

Los empleadores que tengan contratada a una persona en el Sistema Especial de Empleados de Hogar deben actualizar sus retribuciones cada vez que se produzca cualquier modificación en este apartado. Dicho salario debe alcanzar, al menos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento, incrementado con el prorrateo de pagas extraordinarias.