El Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó un 3% en marzo frente al mes anterior y situó la tasa interanual en el 9,8%, su nivel más alto desde mayo de 1985. Una brutal escalada que se debe al encarecimiento de todos los componentes de la cesta de la compra, impulsados por los efectos de la guerra en Ucrania. El IPC interanual encadena así su decimoquinto dato al alza consecutivo, según los datos preliminares publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha pasado del 1,3% de marzo de 2021 a rozar el 10%.

Las compañías que perciban transferencias de las autonomías, los ayuntamientos o la UE no se verán afectadas por la prohibición 

La recuperación del empleo y el retroceso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) experimentado durante los últimos meses parece haber llegado a su fin, a falta de datos oficiales que lo confirmen. Sin embargo, todas las previsiones apuntan a que el mes de marzo cerrará con un fuerte repunte de trabajadores acogidos a los ERTE. La razón no tiene secretos: los costes disparados en energía y materias primas –que ha obligado a muchas empresas a restringir o suprimir turnos– y la falta de suministros –ya sea por la guerra de Ucrania o por la huelga de transportistas, que aún permanece activa–. En ambos casos, muchas empresas y autónomos han tenido que parar su actividad por imposibilidad de seguir adelante con ella y han enviado de forma temporal a sus empleados al dique seco de los ERTE.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

La Comisión Europea ha dado luz verde este lunes a la activación del mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), que permitirá conceder ayudas al sector pesquero para hacer frente al encarecimiento de los combustibles, que ha provocado que parte de la flota permanezca amarrada en puerto por los elevados costes de producción.

La reforma laboral entra en vigor a lo grande; una prima de seis millones de euros para los inspectores de Trabajo que se encarguen de vigilar que las empresas cumplan la nueva norma y de sancionar los incumplimientos.

El próximo jueves, 31 de marzo, se va a producir una pequeña revolución en el mundo de las relaciones laborales en España. Ese día entrarán plenamente en vigor las novedades legales de la reforma laboral para luchar contra ese mal endémico que es el abuso de la contratación temporal en el mercado de trabajo. Aunque la ley de reforma laboral entró en vigor el pasado 31 de diciembre, la propia norma daba una vacatio legis (periodo transitorio durante el cual una ley o parte de ella no se aplica) de tres meses para la mayoría de las medidas que afectan a los contratos de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2022 por un importe total de 2.415.153.580 euros. A esta cantidad se añaden 383,4 millones de euros que provienen de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes una ampliación de seis meses del plazo de carencia en el pago del principal de los créditos a empresas con aval público del ICO lanzados al comienzo de la pandemia. El periodo máximo en que las compañías solo tendrán que abonar los intereses, así, se extenderá desde los actuales dos años. La mayoría de dichos periodos de carencia vencían en abril y mayo, con lo que ahora lo harán en octubre y noviembre.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.