El estado de alarma ha ocasionado una ralentización significativa en el modo de funcionamiento de la Administración de Justicia, amén de generar situaciones que hacen previsible el incremento de actuaciones judiciales al tiempo de volver a la “normalidad”, proyectándose en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, métodos para intentar hacer frente a este contexto y así:

Las moratorias legales no generan, por sí mismas, en el momento de su aplicación, ningún cambio sobre la clasificación contable del préstamo por riesgo de crédito.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es clara al respecto, y en su artículo 22 establece que "el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo" que consiste un reconocimiento médico, y el empresario sí tiene obligación de ofrecerlo en todos los casos.

El Gobierno central y los Gobiernos autonómicos han puesto en marcha una batería de medidas dirigidas a paliar los perjudiciales efectos del Covid-19. Estas son las más significativos

El RDL 15/2020 incorpora varias modificaciones que resultan relevantes para la actividad de la Inspección. Mediante nota informativa, la Dirección de Organismo Estatal de la ITSS aclara las siguientes cuestiones sobre la aplicación de esta disposición en el ámbito de la actuación inspectora.

Podrán establecerse turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales para evitar las aglomeraciones y evitar contagios; los actos procesales se realizarán, preferentemente, de manera telemática, y la atención al público, vía telefónica o por correo electrónico siempre que sea posible.

Los inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica por el coronavirus podrán solicitar la moratoria o condonación del alquiler a su arrendador hasta el 2 de julio, tal y como establece el Real Decreto-ley 16/2020 que ha ampliado este plazo tres meses más. Para ello deberán acompañar la documentación que acredite su situación de necesidad.

La buena reputación de la Asesoría Antonio Pérez está avalada por 40 años de excelente trabajo. Un trabajo de calidad que le ha convertido en un referente en la provincia de Almería por su antigüedad, su prestigio y su amplia cartera de clientes. Desde que Antonio Pérez pusiese en marcha la empresa en el año 1980, ésta ofrece un servicio de calidad en materia de asesoramiento fiscal, contable y laboral, así como en asuntos jurídicos y de gestoría administrativa. El principal distintivo de Asesoría Antonio Pérez ha sido siempre la apuesta por la especialización y el desarrollo tecnológico, así como la excelencia profesional de la mano de un amplio equipo formado por trabajadores con gran capacitación y experiencia.

La Base de Datos de Ayudas e Incentivos para empresas es una iniciativa de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, que recoge el esfuerzo de las administraciones públicas y sus organismos para incentivar, mantener y desarrollar la actividad económica y el emprendimiento.

Los microcréditos aprobados por el Gobierno para ayudar en el pago del alquiler a familias con problemas originados por la covid-19 no tienen nada que ver con otros tipos de préstamos rápidos, entre otros motivos porque en los que concede el ICO el interés es cero.