El Convenio
189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadores
domésticos ha entrado en vigor para España este jueves, 29 de febrero, según ha
informado UGT, que ha recordado que, a 1 de enero, había un total de 370.688
afiliados en el sistema especial de Empleados de Hogar, de los que el 96% eran
mujeres.
El sindicato ha denunciado que, pese a los avances legislativos, esta
actividad de mujeres, más de la mitad de ellas migrantes,
"sigue marcada por la precariedad de las condiciones de empleo,
la no equiparación con el resto de trabajadoras y la utilización de esta
actividad para afrontar necesidades sociales que deberían estar cubiertas por
las administraciones en forma de gasto en protección social que atendiera las
necesidades de cuidados".
Según UGT, el 2% de las mujeres de nacionalidad española y el 14% de
las mujeres de nacionalidad extranjera que están afiliadas a la Seguridad
Social, lo están al Sistema Especial de Empleados de Hogar.
Esta actividad, advierte el sindicato, tiene el porcentaje más alto de
trabajo a tiempo parcial, el 52,8%, y el salario medio bruto mensual más bajo,
de 981 euros. "Un trabajo que, en muchos casos, se desarrolla de manera
irregular y donde perviven situaciones que son inconcebibles en el siglo XXI,
como las más extremas formas de trabajo interno o la preeminencia de la
relación de confianza sobre los derechos y obligaciones que marcan una relación
laboral", añade.
Para UGT, resulta también una "preocupante realidad" que en
2022, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, se abrieran seis
diligencias de seguimiento por delito de trata de seres humanos en el
sector de trabajo doméstico.
Sin perjuicio de que la reforma que se llevó a cabo en 2022 para
reconocer el derecho a cotizar y percibir la prestación por desempleo o la
desaparición de la forma de extinción del contrato del desistimiento, UGT
denuncia que "siguen perviviendo elementos que configuran una situación de
precariedad".
"La inclusión de esta actividad en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales sigue, casi un año y medio después, sin el
desarrollo reglamentario que debe concretarla. Y, pese a la preocupación
generalizada de las administraciones públicas por los cuidados, éstas siguen
sin asumir su responsabilidad en la cobertura de las necesidades sociales
mediante cuidados profesionalizados bajo una relación laboral común o de empleo
público", se queja el sindicato.
Con la entrada en vigor del Convenio 189, UGT considera
"imprescindible" que el Gobierno proceda a abrir una mesa de diálogo
social para poner en práctica tanto sus disposiciones como otras cuestiones
pendientes.
Así, UGT quiere abordar
el desarrollo reglamentario de las previsiones de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales; la intervención de las agencias de colocación y plataformas
digitales en este sector; medidas relativas a la Inspección de Trabajo;
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia; la
utilización de la relación laboral especial para cubrir trabajos
profesionalizados que deben ser objeto de una relación laboral común; el
trabajo interno y la limitación de las horas de presencia; o la evaluación de
las bonificaciones a la parte empleadora en la cotización al Sistema Especial
de Empleados de Hogar que se prevé para octubre de este año.
Fuente:
El Derecho
