La industria manufacturera ha
estado lastrada de forma recurrente durante los últimos años por los factores
externos que han caracterizado al escenario económico. En primer lugar, por los
efectos de la crisis de la COVID-19. Más tarde por los cuellos de botella en
2021 y gran parte de 2022, la crisis energética a raíz de la guerra en Ucrania
y, finalmente, por el impacto de la subida de tipos de interés por parte del
BCE. Es por este motivo que las noticias de los fondos NextGeneration han sido
una esperanza a un posible pulmón deseado, en mayor caso en las pymes, empresas
que se sentían respaldadas gracias a las políticas palanca presentadas, las
cuales prometían un impulso para ellas. A lo largo de estos ya casi 3 años en
los que llevamos oyendo hablar sobre estos fondos se han mencionado como forma
de articularlos los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE), de entre los cuales el más esperado por este
sector era, sin duda, el PERTE de descarbonización industrial. Éste fue
anunciado en diciembre de 2022 con el compromiso de apoyar a la industria en su
transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y
contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050, en línea con los
objetivos definidos por el Pacto Verde de la Comisión Europea. El sector debe
evolucionar hacia un modelo industrial más sostenible: solamente las empresas
que acometan la transición energética con éxito podrán competir en un nuevo
entorno en el que la sostenibilidad será un requisito imprescindible para
seguir operando en el mercado. Desde su anuncio, tras casi un año de espera,
proyectos en los que las empresas del sector manufacturero pensaban invertir
con el objetivo sostenible se han quedado en el cajón a la espera del anuncio
de la Orden de Bases de esta convocatoria, el cual se ha dado en este mes de
noviembre.
Sin embargo y, a pesar de lo
anteriormente comentado acerca de la importancia que las pymes iban a tener en
la repartición de estos fondos, la lectura del documento deja fuera de plano a
todas las empresas pequeñas y medianas por distintos motivos, los cuales se
exponen a continuación:
- Inversiones mínimas de 1
millón de euros en un plazo de dos años, lo cual deja fuera de concurso a las
microempresas y pequeñas empresas del sector, poniendo un escollo muy grande a
las medianas.
- Reducción de emisiones de
3.000 tCO2e/año o 30%. Pedirle a una pyme un supuesto de minoración de esa
cantidad es imposible, dado que en la mayoría de los casos seguramente no
llegue a ese número y, en cuanto al porcentaje del 30% que se podría tener en
cuenta, el esfuerzo que se debería hacer sería demasiado elevado y se antoja
imposible. Por contextualizar este último punto, una de las empresas
manufactureras más importantes de nuestro país emite unos 60.000 tCO2 al año,
se les estaría exigiendo si reducen los 3.000 tCO2e/año, una disminución de un
5% y con eso ya cumplirían las condiciones exigidas.
- Todo ello debe realizarse en
una única instalación. Cuando la idea es disminuir la descarbonización, ¿no
dará igual el número de emplazamientos sobre los que actuar? Y, por otro lado,
pensar en una inversión así, sin tener en cuenta todos los emplazamientos de la
empresa, parece imposible en el caso de una pyme y más aún cumplir el punto 2
antes mencionado.
Otros puntos a recalcar y
llamativos sobre la Orden publicada son:
- Una línea de ayuda específica para las pymes,
con un máximo de presupuesto por empresa de 8.250.000 euros. Poner ese límite
parece irreal, ya que una inversión de ese nivel supondría casi el 20% de
facturación, de lo que se podría denominar mediana empresa “grande”.
- Los proyectos de innovación en materia de
procesos y organización para grandes empresas sólo serán aceptados si
subcontratan al 30% en pymes. Esta afirmación podría considerarse como algo
positivo. Sin embargo, esto supondrá que para esos proyectos que pueden ser
considerados como I+D+i, el conocimiento, el activo intangible que se genere,
no mejorará la competitividad más que de la gran empresa, pues es quien se
quedará con ello, pudiendo ser considerado “pan para hoy y hambre para mañana”,
ya que deja a la pyme sin capacidad de su explotación.
- El conseguir cumplir con la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, lo que obliga a empresas beneficiarias de una
subvención superior a 30.000 euros a realizar los pagos a proveedores en un
plazo de 60 días en, al menos, el 90% de los casos. Este hecho puede parecer
insignificante para una gran empresa, la cual, al no tener quizás la necesidad
de inversión pública, se puede permitir el no optar a estas ayudas de los
Organismos, o puede contar con otras inversiones privadas para hacer frente a
los pagos. Sin embargo, en el caso de una PYME es un golpe muy duro para el
acceso a la financiación, ya que esta circunstancia obliga a que dependan de
los pagos de los clientes, debido a su no tan alta liquidez, para que la
empresa tenga el poder de cumplirlo, los cuales dilatan plazos hasta lo que se
considera por estrategia (siendo en su mayoría en muchos casos, grandes
empresas).
- La ayuda será en concurrencia no competitiva.
Esto es, no se evaluarán los proyectos. Únicamente se verá si se cumplen
criterios y se darán los fondos. Las ayudas no irán al mejor proyecto, pudiendo
dejar fuera a empresas que realmente hacen un esfuerzo hacia el cambio
necesario de cara a 2030.
A pesar de que a lo largo del
documento se encuentran frases como "... inversión a favor de la
pyme...", estas y otras afirmaciones encontradas hacen pensar que esta
ayuda está redactada lejos de la realidad que se vive en nuestro país, y da un
varapalo tremendo a las 169.341 pymes y autónomos, de las 170.482 empresas del
sector existentes, que tienen que forman parte del sector industrial en España
debido a las condiciones leoninas establecidas, más de un 99%. Con esto se
manifiesta una preferencia hacia proyectos grandes que puedan permitir cumplir
los objetivos climáticos realizando un menor esfuerzo burocrático y que faciliten
la auditoría por parte de las Comisión Europea de estos fondos.
Todo esto, que puede verse como
un infortunio a la hora de la redacción de la Orden de bases y un hecho
concreto a la descarbonización, lejos de la realidad, no es más que otro ejemplo
de lo que está ocurriendo con los Fondos NextGeneration y vivido en otros PERTE
como el de energía renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento; el
cual ha tenido varias convocatorias, y demuestra con sus condiciones que las
pymes son mencionadas, pero no realmente tenidas en cuenta.
Según la Asociación Española de
Servicios Avanzados a Empresas (AESAE), lo que está ocurriendo con los
Fondos NextGeneration debería hacer reaccionar a CEPYME y CEOE en cuanto a la
defensa de los derechos al acceso a financiación de
las pymes y microempresas, tantas veces esgrimido. A la vista de
estas evidencias se esperaría una mayor disposición a quizás causas menos
mediáticas, que no acaparen titulares, y un mayor apoyo a inversiones que sean
de menor envergadura, pero que ayudan a fortalecer el tejido de la red
empresarial de España.
Como conclusión, si realmente lo
que se persigue es tener una industria nacional con un gran valor añadido, lo
lógico es fomentar las sinergias para que el cómputo sea mayor que la suma de
sus partes, no es más fuerte la estructura que se sostiene sobre un único punto
porque si cae, caemos todos. Un sector que supone el 11,3% del PIB de nuestro
país en 2021 no puede ser dependiente de un número limitado de empresas y, para
ello, se debe fomentar los intereses de la pequeña y mediana empresa.
AUTOR: Esther
Zugasti Marquínez
Directora Oficina Transición Energética - GREENESAL y
Vocal de la Asociación de Servicios Avanzados a Empresas - AESAE
