La
Generalitat aprueba una nueva regulación en la que también se obliga a los
ayuntamientos a justificar que hay suelo para vivienda antes de dar más
permisos
La Generalitat de Cataluña da un paso más en la regulación de las
viviendas turísticas y ha aprobado una nueva norma por la cual los
propietarios deberán solicitar una licencia previa en un plazo de cinco años a
los Ayuntamientos para poder operar con uso turístico. Así lo han explicado en
rueda de prensa este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y la
consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, tras el Consell
Executiu.
La nueva regulación, mientras que se espera una nueva de tuerca a
la ley de vivienda nacional cuando haya nuevo Gobierno, se ha aprobado
mediante un decreto ley y tiene como objetivo dar herramientas a los municipios
donde hay un problema de acceso a la vivienda o hay riesgo de romper el
equilibro del entorno urbanístico por exceso de viviendas turísticas. En
concreto, el anexo del decreto incluye un listado de 262 municipios donde se
aplicará la regulación, de los que 134 tienen problemas derivados de la falta
de equilibrio en el entorno urbanístico y el resto son ciudades con problemas
de acceso a la vivienda.
En estos 262 municipios hay un total de 95.000 viviendas turísticas y
el Govern prevé que en cinco años esta lista se ajuste de acuerdo al nuevo
contexto, informa Ep.
Los ayuntamientos deberán modificar su planteamiento urbanístico para
recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando
que tienen suficiente suelo para vivienda permanente.
En cuanto a las viviendas que actualmente ya están destinadas a usos
turísticos, los propietarios deberán pedir la licencia, con una vigencia de
cinco años renovables, y si el consistorio no se la otorga deberán cesar su
actividad en un plazo de cinco años.
Los propietarios podrán pedir una prórroga de otros cinco años si
acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales debido a la
pérdida de la licencia.
Las viviendas que operen sin permiso estarán incumpliendo la normativa
y el Govern ha asegurado que habrá sanciones graves, aunque no ha concretado
cuáles serán.
De este modo, se pasa de la actual declaración de responsabilidad que
debían pedir los propietarios para poder destinar su vivienda a uso turístico a
la necesidad de una licencia previa urbanística.
Capella ha explicado que la aparición del fenómeno de los pisos
turísticos es una de las causas de la disminución del número de viviendas que
se alquilan como alojamiento permanente y que por eso han decidido regular el
sector.
En este sentido, ha asegurado que el Govern tiene la obligación de
utilizar sus competencias y adoptar “medidas urgentes” para evitar que crezcan
problemas “de convivencia y gentrificación”.
Del total de los 262, hay 85 municipios que ya han empezado a regular
en materia de vivienda para poder limitar los pisos turísticos, como Barcelona,
y estos deberán adaptarse a la nueva normativa a partir de la aprobación del
decreto.
Los municipios que quieran destinar parte del suelo al uso turístico
deberán acreditar ante las comisiones de Territorio que hay suficiente suelo
destinado al uso residencial a través de un instrumento llamado Memoria social.
El Govern considera que existe un peligro de romper el equilibro
urbanístico cuando existen más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100
habitantes, y permitirá a los Ayuntamientos dar licencias hasta un máximo de 10
viviendas por cada 100 habitantes.
Para poder conseguir la licencia, las viviendas que quieran ser
turísticas deberán realizar una comunicación a la administración para que estar
censadas y deberán tener la cédula de habitabilidad, estar amuebladas y que se
alquile toda la vivienda completa, no solo una habitación.
Si en un municipio hay más pisos turísticos que 10 por cada 100
habitantes, será el Ayuntamiento el que decidirá qué propietarios consiguen la
licencia mediante un régimen de concurrencia competitiva.
El Govern lleva trabajando meses en la normativa y está convencido que
este decreto ley pasará cualquier filtro de constitucionalidad y de derecho
europeo.
FUENTE:
Cinco Días
