El fisco
sospecha que se trata de un acuerdo entre las partes y no de ceses reales.
La
indemnización por despido no tributa y sí lo hace el pago por un acuerdo de
salida.
Control masivo de la Agencia Tributaria sobre los despidos
improcedentes de trabajadores cercanos a la edad de jubilación. Hacienda vigila
con lupa estas actuaciones ante las sospechas de que se traten de
acuerdos ocultos entre las partes por los que la compañía simula un
despido improcedente y paga una indemnización al empleado que le permite
aguantar económicamente hasta que llega a la edad de jubilación y entonces la
entronca con la pensión. A su par, el trabajador no reclama su cese ante el
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación correspondiente.
Los expertos en laboral señalan a este diario que para la Agencia
Tributaria la diferencia entre un despido y un acuerdo es clave: mientras la
indemnización por despido está exenta de tributación en el IRPF hasta los
180.000 euros, la cuantía que la compañía paga a un trabajador por un cese de
mutuo acuerdo sí debe tributar. La multa en estos casos oscila entre el 50% de
lo dejado de ingresar al fisco y el 150%, en función de la gravedad de la
infracción.
La vigilancia sobre estas operaciones se ha intensificado ante el
panorama laboral actual marcado por el edadismo. Es decir, las
compañías prescinden de los empleados de más edad para relevarlos por personas
más jóvenes y adaptadas a las nuevas tecnologías. Según los abogados en laboral
consultados al respecto, Hacienda no termina de creerse estos despidos y está
abriendo inspecciones masivas tanto a compañías como a contribuyentes para
certificar que no se trata de un cese improcedente, sino de un acuerdo que
permite al ya exempleado mantenerse con la indemnización hasta jubilarse.
Ante estas situaciones, los abogados recomiendan a las
compañías que "documenten muy bien los despidos" de cara a
posible inspección y demuestren que la indemnización que va a percibir la
persona despedida no coincide con un pago que le permite subsistir hasta el
cobro de la pensión.
Antecedentes
Hacienda ya inició este tipo de vigilancia sobre las decisiones de
despido en los años posteriores a la gran crisis de 2012, en los que hubo ceses
individuales masivos, pero también acuerdos y bajas incentivadas en los ERE.
Cabe recordar que desde 2009 hasta 2013 hubo más de 1,5 millones de
personas afectadas por un ERE. Entonces, la Agencia Tributaria cuestionaba que
los despidos individuales fueran reales y no acordados, especialmente en casos
de administradores de sociedades con grandes indemnizaciones, y también dudaba
de que a pesar de que la compañía hubiera realizado un ERE, no se hubiera
pactado de forma individual con determinados trabajadores que se acogieran al
mismo.
FUENTE:
El Economista
