Con fecha
máxima de 1 de diciembre de 2023, las PYMES deberán haber establecido o adaptado un sistema
efectivo de denuncias internas. Este requerimiento incluye a empresas que
cuenten con un rango de 50 a 250 empleados.
Con la introducción de la Ley 2/2023 se busca proteger
a aquellos individuos que reportan posibles delitos o infracciones
administrativas de consideración. Además, la ley también busca facilitar que
tanto empleados internos como colaboradores externos denuncien comportamientos
ilícitos de forma anónima y segura.
La
medida, concretamente, afecta a unas 21.400 PYMES alrededor de España.
Por lo
tanto, es crucial que estas empresas comprendan cómo adecuar sus canales de
denuncias para cumplir con esta norma y evitar posibles multas que pueden
ascender hasta 1 millón de euros, además de otras restricciones, como la
exclusión de subvenciones o incentivos fiscales.
Recomendaciones
para las PYMES
Para
alinearse con la nueva normativa, las PYMES deben:
·
Implementar
un sistema interno de denuncias que esté avalado por su
junta directiva y que garantice el manejo efectivo y seguro de las denuncias,
priorizando la privacidad del denunciante.
·
Designar
a un individuo responsable de administrar el sistema de denuncias, quien
deberá estar capacitado para manejar las denuncias y aplicar los estándares
éticos de la empresa. Usualmente, esta responsabilidad recae en un miembro del
equipo de Recursos Humanos.
· Cumplir
con estos requerimientos antes de la fecha límite en diciembre para evitar
sanciones significativas, que pueden ir desde 600.000 euros hasta 1 millón de
euros para las entidades jurídicas, y hasta 300.000 euros para las personas
físicas en casos de infracciones severas.
FUENTE
ADADE CENTRAL
