La
información verificada y transparente es clave para contrastar el cumplimiento
de estándares sostenibles
Las pymes se verán arrastradas por el alud de las exigencias
regulatorias de la sostenibilidad. No solo por motivos reputacionales, sino
porque su futuro en el mercado dependerá de que cumplan con los estándares que
les exigirán las grandes empresas. Esta es una de las conclusiones claves de la
primera jornada del VII Congreso Nacional de los registradores. Estos
profesionales tienen una función importante al proporcionar información
verificada y transparente que pueda ser utilizada en la toma de decisiones. Una
mejor información empuja la sostenibilidad de las compañías.
La mañana de este jueves en el Palacio Gran Meliá Palacio de Isora,
sede del evento, ha estado marcada por el debate de distintos expertos en torno
a la participación de los registradores en la consecución de los estándares de
sostenibilidad. En principio, la directiva de diligencia debida prepara la
Unión Europea excluye a estas microempresas del cumplimento de estándares,
pero, por derivación, se verán obligadas a esforzarse en entrar en este traje
verde y de responsabilidad corporativa. España es un país de pymes y estas
están en la cadena de valor de las grandes compañías.
Este año vio la luz la directiva de presentación de información sobre
sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), que debe transponerse al
ordenamiento español antes del 6 de julio de 2024. Por otro lado, la Comisión
Europea aprobó el pasado agosto el primer conjunto de estándares de reporte de
la información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (con más de 500
empleados). Estas obligaciones ya serán aplicables a partir del 1 de enero de
2024 a las grandes empresas, que deberán entregar sus informes de
sostenibilidad en 2025. Aún hay márgenes de interpretación, lo que provoca
cierta incertidumbre en la aplicación de estas normas. Los registradores pueden
apoyar otorgando certeza con la verificación de estos nuevos estándares.
Durante el debate, la magistrada especialista en mercantil, Amanda
Cohen, ha destacado que “la carga regulatoria no afecta igual a una pyme
que a una empresa del IBEX”. De ahí, ha explicado, “la importante labor de los
registradores para ayudar con la información y que puedan evaluar los
estándares de sostenibilidad”.
Del mismo modo, el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (ICAC), Santiago Durán, ha señalado que la credibilidad
será estándar único, para lo que será vital el control de los registros. En la
búsqueda de la homogeneidad de estos indicadores, tendrán un papel clave los
reguladores.
La necesidad de datos sobre sostenibilidad de las empresas, ha
apuntado Manuel Ortega, jefe de central de balances en Banco de
España, está provocando que se ofrezca información desde bases privadas que
están inflando los resultados, pues no coinciden con los enviados por las
empresas al registro. Los números no cuadran en varios de los ejemplos
presentados por el experto. Según Ortega, más de 400 mil empresas han enviado
información no financiera. Solo 23 han dado datos sobre la huella de carbono,
algo previsible, pero más de 80 mil han agregado información sobre igualdad de
género. Manuel Ortega ha adelantado que se está trabajando en un código identificador
único mundial para poder hacer un seguimiento y auditoria de cada una
de las compañías.
Proyecto
pionero
En una segunda mesa en la mañana del jueves, Josefina Boquera,
catedrática de derecho mercantil de la Universidad de Valencia y Carlos
Orts, decano autonómico de la Comunidad Valenciana han explicado el
proyecto sobre certificado de empresas socialmente responsables puesto
en marcha en la comunidad valenciana. El sistema permite a cualquier
entidad solicitar voluntariamente este sello, muy importante no
solo para su reputación, sino también para la obtención de crédito y contratos
tanto privados como públicos. Este es, han señalado los expertos, un ejemplo concreto
de la aportación del registro a la sostenibilidad del tejido empresarial.
Josefina Boquera, presidenta de la comisión mixta que decide sobre los
informes de sostenibilidad de las empresas solicitantes, ha señalado que se
pretende que este certificado sea útil para todo tipo de microempresas y
entidades (fundaciones, universidades, autónomos) aunque no estén registradas
con el fin de animar al sector a utilizar estándares de sostenibilidad. Boquera
ha llamado la atención sobre las distintas ligas en las que juegan las
empresas: una cosa es Mercadona, ha ejemplificado, y otra el pequeño
distribuidor que le da servicio. “La sostenibilidad viene como un alud; a las
pequeñas sí que les cuesta mucho cumplir con ciertos estándares”, ha alertado.
Estas circunstancias, ha señalado, deben tenerse en cuenta en la regulación de
estándares.
Por este motivo, ha añadido Carlos Orts, el formulario preparado en la
comunidad valenciana contiene más número de indicadores y preguntas según se
incrementa el tamaño de las organizaciones. La comisión mixta, ha explicado, es
la que decide sobre el informe favorable y elabora una propuesta de resolución
que firma el director general y se comunica al registro mercantil de la
comunidad valenciana. Se inscribe en una nota preventiva al margen porque la
licencia expira a los dos años. Orts ha abundado en los beneficios de este
proyecto creado mano a mano con los registradores (lo que dota al sistema de
rigurosidad) y ha asegurado que el modelo es exportable a otras comunidades
autónomas.
FUENTE:
Cinco Días
