El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín
Pich, señaló este lunes que en el caso de las pymes “que formen parte de la
cadena de suministro de una gran empresa obligada a elaborar informes de
información no financiera”, se debería respetar “la materialidad, obligándolas
a reportar solo sobre aquellos aspectos que realmente sean relevantes, y no
añadir trámites burocráticos innecesarios que supongan una carga”.
Así lo indicó durante tras la jornada organizada por el CGE en el marco
de los ‘Encuentros sobre sostenibilidad’ que buscan analizar aspectos
económicos relacionados con la sostenibilidad.
La jornada coincide con el trámite concluido de audiencia pública del
anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa
sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por la que se
traspondrá la nueva directiva europea sobre sostenibilidad al ordenamiento
jurídico español.
En este sentido, detalló que en la norma “las pymes no están dentro de
los sujetos obligados por la directiva, salvo las cotizadas” pero aquellas que
sean parte de la cadena de valor de una empresa grande obligada “sí se verán
afectadas de forma indirecta por estos nuevos estándares, ya que la directiva
establece que la información sobre sostenibilidad de las compañías obligadas
debe incluir los datos correspondientes a sus integrantes de la denominada
cadena de valor”.
A este respecto, reclamó que el proyecto de ley “contemple una
aplicación proporcional de la norma para este tipo de pymes, al objeto de que
solo tengan que reportar a las empresas para las que trabajan sobre aquellos
aspectos en materia de sostenibilidad que sean realmente relevantes”. “
Pich indicó que esta cuestión coincide con el “sentir de las
organizaciones empresariales”, lo que pone de manifiesto que “las empresas
cotizadas son conscientes del impacto de solicitar la información de
sostenibilidad a todo el espectro de su cadena de suministro,
independientemente de su materialidad o relevancia, particularmente en aquellos
proveedores de menor tamaño”.
En cualquier caso, recordó que “el 66% de las empresas del Ibex-35
evalúan a sus proveedores bajo criterios sociales y el 71% en base a criterios
ambientales” y que “el 64% de los consumidores españoles tiene casi siempre en
cuenta en sus compras la sostenibilidad”, por lo que “la elaboración de
informes de sostenibilidad, de forma voluntaria, por parte de las pymes,
aumentará su competitividad, especialmente para las pymes que quieran optar a
suministrar a empresas de mayor dimensión u otros negocios dentro de su área
sectorial”.
FUENTE:
LA VANGUARDIA
