La ministra comienza su «revolución»: «Bruselas exige una reforma sustancial y la vamos a hacer».
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prometió una «verdadera revolución en el mercado laboral español» que comienza a fraguarse ya en las propuestas que llegan de su departamento a los agentes sociales. El último documento puesto sobre la mesa, al que ha tenido acceso ABC, pone el foco en uno de los grandes problemas del mercado de trabajo español y, a la postre, uno de los grandes compromisos asumidos con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos: reducir la temporalidad. El Gobierno ha planteado limitar al máximo las condiciones bajo las cuales se podrá firmar un contrato temporal en lugar de uno fijo y obligar a convertir a la modalidad indefinida todos los contratos que no se ajusten a lo establecido. También se limita su duración que, como máximo, será de un año.
La redacción del documento es clara: «El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Solo podrá celebrarse un contrato de trabajo de duración determinada por razones de carácter productivo y organizativo». El Gobierno plantea de este modo dos escenarios en los que la empresa puede contratar de forma temporal: para atender a picos de demanda inesperados y para sustituir a un trabajador que esté de baja de su puesto.
Para el primero de los casos, esto es, para los contratos que buscan dar respuesta a un «incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa», se especifica que quedan excluidos las situaciones en las que la carga de trabajo aumenta debido a la estacionalidad o a campañas como la de Navidad. Para estas cuestiones «deberán ser objeto de contratación a través de las modalidades indefinidas específicamente previstas para tal fin», como es el caso de los fijos discontinuos.
La propuesta plantea que la duración de estos contratos sea de seis meses prorrogable, como máximo, hasta un año. Trabajo es algo más flexible en el plazo de los contratos temporales que sustituyen a un trabajador de baja y propone que este pueda extenderse hasta un máximo de dos años. Vencido este plazo el contrato pasaría a ser fijo.
La lucha contra el fraude también se palpa en la redacción del texto, que establece que pasarán a disfrutar de un contrato fijo todos los trabajadores temporales que no se ajusten a estas dos condiciones, así como aquellas personas que no hubieran sido dadas de alta en la Seguridad Social, cuyo contrato no haya sido realizado por escrito o cuando no se hayan especificado en el contrato las causas y circunstancias que justifican la utilización de este tipo de contrato. «Bruselas le exigía a España una reforma sustancial y la vamos a hacer», insistió ayer Díaz tras el Consejo de Ministros.
Los empresarios coinciden en la necesidad de atajar la temporalidad, aunque tildan de «rígida» la propuesta del Gobierno.
La propuesta está siendo estudiada por los agentes sociales, aunque parece haber común acuerdo para acabar con las elevadas tasas de temporalidad. Entre los empresarios, eso sí, se considera la propuesta un tanto rígida y consideran que hay cuestiones que limar. Lo cierto es que la elevada tasa de temporalidad es un rasgo de precariedad que aleja a España del resto de Europa: la tasa de empleos temporales ha pasado de representar el 19,6% hace poco más de cinco años a situarse hoy en el 25%, lejos de países vecinos como Alemania (9,2% en 2019), Francia (12,3%) e Italia (11,5%).
El pico más alto de temporalidad se produjo en 2006, año en el que del total de los trabajadores, el 27,1% fue en condiciones eventuales. Tras el derrumbe de la economía, el porcentaje descendió hasta el 20,6%, pues estos empleados fueron los primeros en ser despedidos. Su prácticamente nula indemnización hizo que fueran la primera opción. Hoy, en la pandemia, la situación ha sido la misma.
Negociación colectiva
Además de la temporalidad, el nuevo documento también aborda viejas batallas en la mesa del Gobierno con los agentes sociales como son los referentes a la negociación colectiva, que Díaz ha insistido en equilibrar. El documento ahonda en recuperar la prórroga de manera automática del convenio de empresa en caso de que no haya acuerdo entre los trabajadores y la compañía, lo que se conoce como la ultraactividad de los convenios, uno de los grandes cambios que introdujo la reforma laboral del Partido Popular. «En defecto de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo», establece. Igualmente, este documento elimina del convenio de empresa su prioridad sobre el sectorial para fijar el salario base y los complementos salariales.
FUENTE: ABC
