Año 2019: aumento de costes sociales, ¿lo mejor para empresa y trabajador?

Con la apertura del nuevo año y con las «innovaciones » que nos vienen impuestas por nuestros legisladores –no siempre excesivamente acertadas con el fin que pretenden– ya que, si lo analizamos bien, buscan la proactividad y la creación de empleo,se encuentran con la retroactividad y la casi nula creación de empleo, (dicho ello con todos los respetos políticos que cualquier norma me merece y manteniendo, como siempre, un ámbito imparcial en el artículo que ahora expongo, sino visto simplemente desde un punto de vista técnico) que refleja la realidad de la aplicación de estas nuevas normas en el sentido contrario a su filosofía articulada.

El espíritu de los legisladores sociales y laborales, – dicho por ellos en infinidad de foros–, es buscar el pleno empleo en el menor espacio de tiempo y una política de integración de los jóvenes real y cierta.

Pues los hechos nos dicen todo lo contrario:

• Aumento del S.M.I. en un 22% en relación al ejercicio anterior y en cómputo anualizado.
•  Desaparición del contrato de formación para mayores de 24 años de edad (con 25 no se le puede aplicar ya).
•  Desaparición de bonificaciones para diversos colectivos (se mantienen algunas, pero las mínimas imprescindibles).
•  Retraso en la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años y «pensando» en elevar dicha cifra a un ratio de edad mayor (70 años) y modificar el coeficiente divisor de años para obtención de pensión pasando (esto no está legislado), quizás, a dividir entre toda la vida laboral.
• Mayor coste en los contratos de corta duración que llevarán un recargo de un 40% sobre cuotas (contratos de trabajo duración inferior a cinco días incluidos ahora, también, los de interinidad en ese tipo de recargos).
•  Subida de la base de cotización máxima que aumente un 7%, pasando a ser de un importe de 4.070,10 euros, cuando la pensión máxima de jubilación se cifra en un bruto de 3.102,64 euros (incluida prorrata de pagas en ambos casos), con lo cual la diferencia entendemos va a un llamado «fondo de solidaridad» (Sube un 7% la base máxima de cotización; un 1,60% la pensión máxima de jubilación) donde una vez más la desigualdad que busca precisamente la normativa en cuanto a corresponsabilidad entre inversión/pensión precisamente no está muy «cerca» una de la otra.
•  Control presionante y exigente de las Administraciones Tributarias y de Seguridad Social en el cumplimiento exacto e íntegro de todas las normas aplicando sanciones ante el mínimo incumplimiento, aunque sea el derivado de posibles errores materiales o de cálculo sin mayor trascendencia, este la empresa ó autónomo preparada para estas obligaciones o no lo esté.
•  Supresión o suspensión temporal del bonus por no siniestralidad en la empresa que, aunque no era nada «atractivo», existía, pese a su laboriosa gestión y retraso tremendo en el abono del mismo por parte de la Administración.

Estos puntos, que son enunciativos y no limitativos y ahora no recojo más por no extenderme en el presente artículo, NO HACEN QUE LAS EMPRESAS SE INCENTIVEN PARA PODER CONTRATAR Y EXTENDER SUS PLANTILLAS. Muy al contrario: Si piensan en contratar dan mil y una vueltas previas para ver en que costes laborales se «meten» y que repercusión futura conlleva el mantenimiento de las plantillas (indemnizaciones por terminación de contrato o por despidos muy altas en relación a promedios europeos por los mismos conceptos).

No sabemos bien que pasa por la cabeza de los precitados legisladores cuando amparados en el supuesto beneficio social de estas subidas (nunca criticables en su fondo pero si en su forma), toman las mismas sin pararse a pensar, entre otras cosas, en lo siguiente;

•  A mayor edad de jubilación, menor integración de jóvenes al mercado laboral. – A menor integración de jóvenes, mayor número de jubilados.
•  A menor contratación, mayor número de pensiones.
•  A mayor número de pensiones, mayor recorte de las mismas pese a haber trabajado infinidad de años.
•  A mayor número de años exigibles para cotización, nuestros jóvenes necesitarán una media de cincuenta años cotizados para poder llegar a su pensión íntegra siempre que empiecen a cotizar a los 20 años de edad como media.
•  A mayor incremento de costes, mayor mercado «sumergido».
•  A mayores obligaciones legislativas mayor cansancio legal de nuestras Empresas.

Desde nuestra Asesoría, de ámbito nacional e internacional, siempre que afrontamos el nuevo año lo vemos con un «vértigo» real y cierto ante la cantidad de modificaciones y exigencias que a nuestros asociados, empresarios y autónomos del segmento de la pequeña, mediana y microempresa, tenemos el honor de dar servicios en el día a día, pero de verdad, que nos ponen difícil trasladarles a los mismos el entusiasmo de la evolución y del crecimiento para sus negocios cuando tenemos que afrontar un estudio de mercado y llegar al tema «costes». De verdad que no se pide la «luna» cuando vemos que, año tras año, el «culpable» de éstas situaciones siempre es el binomio «empresa/autónomo versus trabajador», porque si la empresa sale afectada enormemente por algunas medidas, digamos, no muy reflexivas, el trabajador, que es el elemento más débil de la cadena, sale infinitamente más afectado que el propio autónomo y empresario, pese a «caramelos» envenenados en el fondo como lo es el de la subida del SMI para el año 2019.

A igual que pasa con la Educación o la Sanidad, el Mercado de Trabajo no puede estar al capricho de la Administración de turno que legalmente esté establecida, haciendo necesario un verdadero pacto de Estado en esta materia que sirva para mirar a medio y largo plazo en las relaciones sociales y en la implantación de las mismas en beneficio del TEJIDO SOCIAL COMPLETO DE NUESTRAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES.

Recuperen, señores legisladores, los pactos que funcionaron reglamentariamente bien en líneas generales, como puede ser el PACTO DE TOLEDO en materia de pensiones; conversen, vean las realidades de nuestras empresas; bajen a la «arena» del día a día que se produce en las empresas y tomen el pulso laboral negociando con todos los INTERLOCUTORES SOCIALES NECESARIOS, y pregunten y hagan participes a los funcionarios de sus Ministerios que verdaderamente saben de los temas que se legislan, dejándonos de medidas de cara a la galería y que no son la solución al problema laboral que afrontamos en nuestro País posterior a la peor crisis económica que hemos conocido…, y si no es así, estaremos abocados a tener que soportar otra crisis de impensables consecuencias laborales.

Y un apunte final antes de cerrar el artículo: Nosotros, como Asesores Empresariales y participes de los diferentes Colegios Profesionales en sus distintas ramas técnicas, tenemos un papel muy acentuado en las relaciones cotidianas entre empresas y trabajadores; somos vehículo de información y formación entre ellos; estamos siempre dispuestos a actualizarnos y dar el mejor de los servicios así como un cumplimiento estricto normativo y una colaboración plena siempre que se nos requiere por parte de la Administración. Dicho todo ello, ¿por qué la Administración nos tiene en un papel secundario y muchas veces cuasi de «enemigos» de normas establecidas? ¿Quizás es el momento de allanar el camino y volver a sendas de entendimiento para una mejor proyección social entre partes? ¿Quizás es el momento de que se pueda volver a pensar por el legislador en retomar la compensación de gastos de administración que se nos abonaba por un trabajo amplio y de gran volumen en beneficio sobre todo de la Administración del Estado en sus relaciones cotidianas con la empresa y que desapareció de la noche a la mañana por una norma legal reglamentada con nocturnidad y alevosía? ¿Son sólo Sindicatos y Federaciones Empresariales los verdaderos interlocutores para alcanzar un PACTO SOCIAL EN MATERIA LABORAL A NIVEL ESTATAL? En la contestación a esas cuestiones quizás esté el punto de entendimiento que echamos en falta y del cual no queremos «pasar», sino «participar».

Decía Baltasar Gracián, escritor español allá por el año 1650, que «…obró mucho el que nada dejó para mañana… ». Pues apliquémonos todos en obrar, en la parte que a cada uno nos corresponde y, sobre todo, a los legisladores, a que el MERCADO DE TRABAJO no puede demorar su reforma ni un minuto más. TODOS lo agradeceremos.

JOSÉ LUIS GARCÍA NÚÑEZ
Adade Toledo S.L.
Presidente del Patronato de la Fundación Sieneva