La nueva directiva establecerá un marco general para facilitar a las compañías una reestructuración la deuda lo antes posible, sin esperar a que se deteriore de manera irreversible la situación financiera.
La Comisión Europea considera que esta reacción temprana permitirá salvar a miles de empresas sobre todo en sus comienzos, porque el 50% de las compañías europeas desaparecen antes de cumplir los cinco años.
La norma también establece que las deudas de un empresario quedarán definitivamente cancelados tres años después del procedimiento de insolvencia.
Bruselas pretende borrar así el estigma que acompaña a los emprendedores que no han tenido éxito en algún proyecto. Un estigma que, según los sondeos que maneja la CE, es una de las causas de la reticencia de muchos europeos a lanzarse al mundo empresarial.
El deudor también se beneficiará de un período e gracia de cuatro meses antes de ser sometido a un procedimiento de insolvencia. Y los acreedores o accionistas minoritarios no podrán bloquear la reestructuración si se pone en marcha.
El proyecto de directiva colma a medias una vieja aspiración de patronales y sector financiero: avanzar hacia una armonización de los procesos de insolvencia para facilitar en Europa un borrón y cuenta nueva tan expeditivo como el que se aplica en EE UU cuando una compañía entra en dificultades.
La Comisión Europea no se ha atrevido a ir tan lejos, a sabiendas de que una iniciativa de tanto alcance requeriría profundas modificaciones en los sistemas jurídicos de varios países y se toparía, previsiblemente, con objeciones insalvables.
Pero el organismo presidido por Jean-Claude Juncker ha aprobado un proyecto legislativo que, según sus previsiones, evitará que muchas empresas en dificultades acaben en la quiebra, permitirá a los bancos limpiar más rápidamente sus balances financieros y liberará a los empresarios del estigma de la bancarrota.
Gran paso
“La reforma es un gran paso para resolver los problemas causados por las divergencias en los regímenes de insolvencia en Europa”, celebró la Asociación Europea de Mercados Financieros (AFME, en sus siglas en inglés) una patronal de grandes inversores.
La armonización de mínimos propuesta por el organismo comunitario aspira a agilizar los tortuosos e ineficaces procesos de insolvencia que se aplican en la mayoría de los países europeos, salvo honrosas excepciones como Alemania o Finlandia.
“Cada año, unas 200.000 empresas se van a la bancarrota en la UE y a menudo se podría evitar si tuviéramos unos procedimientos de insolvencia y reestructuración eficientes”, señaló la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, tras presentar el martes el proyecto de directiva en Estrasburgo.
La eficacia media de los regímenes europeos de insolvencia se encuentra un 5% por debajo de la media de los miembros de la OCDE, según el ránking elaborado por el Banco Mundial. En una escala de 0 a 16 (óptimo), la UE puntúa 11,6. y sólo Alemania (15) y Finlandia (14,5) se aproximan a la máxima nota. España figura en el puesto 25 del ránking con un 12, la misma nota que Grecia y por detrás de Italia y Portugal, aunque por delante de Francia.
FUENTE: CINCO DIAS
