Bruselas vuelve a la carga con uno de los dosieres más polémicos: la armonización del Impuesto de Sociedades en los 28 países de la Unión Europea.
La Comisión Europea propondrá esta semana, probablemente el miércoles, una propuesta de directiva que fijará una base común para el impuesto sobre los beneficios que pagan las empresas. No se trata de establecer un tipo único en los 28 Estados, sino de fijar una serie de criterios comunes de mínimos que todos los Impuestos de Sociedades de los Estados Miembros deberían respetar: qué debe ser considerado ingresos, qué debe ser gasto, qué es deducible, qué no...
De este modo, Bruselas trataría de limitar la capacidad de las grandes multinacionales de aprovechar vacíos legales entre legislaciones comunitarias para reducir artificialmente su factura fiscal. De hecho, el borrador de propuesta de la Comisión contempla que esta directiva solo sea obligatoria para las multinacionales con una facturación anual superior a los 750 millones de euros.
Según los planes iniciales del Ejecutivo comunitario, esta base común empezaría aplicarse en 2020. Pero solo sería la primera fase del proyecto. La idea de Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos encargado del dosier, es que a partir de 2022, mediante otra directiva, las empresas presenten una declaración de beneficios consolidada, con los beneficios registrados en todos los países europeos. De ahí se calcularían luego los impuestos y se repartirían, mediante una fórmula preestablecida, entre las distintas Haciendas.
La Comisión calcula que una base común consolidada de Sociedades impulsaría un 3,1% la inversión, aumentaría un 0,4% el empleo y reduciría en dos terceras partes el coste de crear una filial en otro Estado Miembro.
Pero no va a ser nada fácil sacar esta directiva adelante. Y no solamente porque se trata de un dosier fiscal y, por definición, estos requieren de la unanimidad de todos los Estados.
La última vez que la Comisión Europea trató de impulsar una idea similar fue en 2011. Entonces, 8 parlamentos nacionales rechazaron la propuesta y solamente dos se declararon a favor (Italia y Portugal). Y los que se opusieron, se opusieron con fuerza. Países como Irlanda, por ejemplo, hacen de su impuesto de Sociedades al 12,5% una de sus principales banderas para atraer la inversión extranjera.
Uno de los puntos más polémicos será la fórmula de reparto de beneficios. En 2011, la propuesta de la Comisión contemplaba un reparto en función del PIB de cada país. Ahora, la idea sería crear un índice que tuviera en cuenta factores como los activos, los empleos y las ventas que la empresa dispone en cada país.
FUENTE: EXPANSION
