La Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la
Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el
ámbito de la fiscalidad, y otras normas tributarias ha quedado aprobada y está
lista para su publicación en el BOE y su entrada en vigor.
El Proyecto de Ley tiene por objeto transponer la Directiva (UE)
2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 que modifica la Directiva
2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la
fiscalidad, conocida como DAC7, cuya finalidad es ampliar la
cooperación administrativa para "mejorar" el marco del intercambio de
información con el fin de "abordar los desafíos que plantea la
digitalización de la economía y ayudar a las administraciones tributarias a
recaudar los impuestos de una forma mejor y más eficiente".
Enmiendas en
el Senado
Durante su tramitación en la Cámara Alta se han introducido un conjunto
de modificaciones, entre ellas, dos nuevas disposiciones adicionales que
modifican los reales decretos leyes 11/2022 y 14/2022 en relación con las ayudas
previstas para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio y
lo relativo a la cuantía complementaria de la convocatoria de becas para estudios
postobligatorios del curso 2022-2023, de manera que éstas no tengan
que ser reintegradas si se cumplen determinados supuestos en caso de que
hubiesen sido concedidas sin cumplir los requisitos. Por otro lado, se deroga
la disposición transitoria octava del Real Decreto-Ley 3/2020 relativa al
régimen transitorio en materia de procedimientos amistosos.
Mediante una disposición final nueva se modifica la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. La
modificación afecta a los supuestos de abandono del régimen de depósito
distinto del aduanero de los bienes objeto de Impuestos Especiales,
donde la operación pasará a ser asimilada a una importación para facilitar su
liquidación. También, para aquellas empresas y profesionales con sede de su
actividad económica en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla se les permite
acogerse al régimen de importación del comercio electrónico en el IVA.
Asimismo, se modifica la a Ley del Impuesto sobre la Renta de
no Residentes en una nueva disposición adicional nueva para adaptar la
transposición de la Directiva (UE) 2017/1852.
Se da una nueva redacción a un apartado de la disposición transitoria
segunda de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Por último,
también se ha incluido una modificación del artículo 16 de la Ley 27/2014, de
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para alinearlo con la Directiva
(UE) 2016/1164 y completar su transposición en relación con la limitación de
intereses.
Modificaciones
en la Ley General Tributaria
La iniciativa regula el régimen de las "inspecciones conjuntas"
y cuestiones concretas relacionadas con "la presencia de funcionarios de
otros Estados miembros en España y viceversa", así como los
"controles simultáneos". En concreto, reconoce la posibilidad de
"inspecciones conjuntas en el ámbito de la asistencia mutua".
Entre estas regulaciones, se exige la elaboración de un informe final
que deberá remitirse al obligado tributario y que recogerá las conclusiones de
la inspección y que "deberá tenerse en cuenta en posteriores procedimientos
tributarios seguidos por la Administración tributaria española".
A su vez, se establece una nueva obligación a los
"operadores de plataforma obligados a comunicar información" de
suministrar determinada información a la Administración tributaria. También
queda definido el régimen sancionador vinculado a esta
obligación, mientras que el procedimiento será desarrollado reglamentariamente.
Asimismo, se reconocen los deberes de conservación de la documentación de los
obligados y de comunicación de la información recopilada.
También, y en relación con la obligación de información sobre mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal, se modifica su régimen jurídico
como consecuencia de la suscripción por parte de España del Acuerdo
Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de
información relativa a los mecanismos de elusión, para que la administración
española tenga a su disposición la información necesaria para el intercambio
"de los mecanismos que eluden el Estándar común de comunicación de
información y las estructuras extraterritoriales opacas regulado por dicho
acuerdo".
Por otro lado, se modifica el régimen de la obligación de información
de determinados mecanismos de planificación fiscal para adecuarse a la jurisprudencia
europea y se incluye un "sistema único" para la corrección de
las autoliquidaciones, mediante la regulación de la autoliquidación
rectificativa, con objeto de "seguir avanzando en la asistencia al
contribuyente y en la mejora de la gestión tributaria".
Se han incluido asimismo otras modificaciones para reconocer "la
facultad de la Administración tributaria de comprobar la contabilidad
mercantil, a los solos efectos de constatar la coincidencia entre lo que
figure en la misma y la información que obre en poder de la
Administración" y para "unificar en los órganos de recaudación la
competencia para iniciar y resolver el procedimiento de declaración de
responsabilidad".
FUENTE: EL DERECHO
