Un juzgado
condena al Ayuntamiento de Madrid a aplicar la rebaja al considerar ilegal la
ordenanza que les exige vivir bajo el mismo techo.
La ley permite a los ayuntamientos bonificar la cuota del impuesto
sobre bienes inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que ostenten el título de
familia numerosa. Lo que estos no pueden hacer es discriminar a los
progenitores separados o divorciados que no tengan la custodia de sus hijos al
exigir que la solicitud se realice respecto de la vivienda habitual de toda la
unidad familiar. Este es el motivo por el que, recientemente, el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 3 de Madrid ha declarado ilegal la regulación
de dicho beneficio en la ordenanza reguladora del IBI del Ayuntamiento de
Madrid.
El fallo (cuyo texto puede consultar aquí) da la razón a un
hombre, padre de tres niñas, al que denegaron la bonificación del IBI por
familia numerosa por no cumplir el requisito de convivir bajo el mismo techo
que todas sus hijas. El juez considera que esta condición choca frontalmente
con la definición legal de familia numerosa, que incluye a los padres o madres
separados con tres o más hijos “sean o no comunes, aunque estén en distintas
unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica”.
La regulación del consistorio, concluye, discrimina a estas familias respecto
de las que no están separadas o divorciadas. Esta diferencia de trato, agrega,
“es desproporcionada y carece de justificación”.
La Agencia Tributaria Madrileña alegó que el progenitor no cumplía con
los requisitos exigidos en Madrid porque su vivienda habitual no era la misma
que la de sus dos hijas mayores. Estas se habían quedado con su exmujer tras el
divorcio, mientras que él vivía con su nueva pareja y con la hija de ambos. El
Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid se agarró también a la
literalidad de la ordenanza fiscal para rechazar la bonificación porque la casa
no estaba “destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de
vivienda del sujeto pasivo y su familia”.
La resolución del juzgado revierte esta situación y condena al
ayuntamiento a aplicar el beneficio solicitado. El juez advierte al consistorio
de que el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española impide
dejar fuera de la bonificación a determinadas modalidades de familia numerosa.
Estar divorciado o separado no puede ser un impedimento para la rebaja fiscal,
por lo que “residir en un mismo inmueble, toda la familia no es, ni puede ser,
un requisito imprescindible”, afirma en la sentencia. La rebaja fiscal reconoce
el mayor esfuerzo económico que realizan estos progenitores por el hecho de
tener tres o más hijos y pretende aliviarles en parte esta mayor factura. La
premisa para aplicar la bonificación, sostiene el juzgado, es que, tal y como
exige la ley de familias numerosas, los padres tengan a su cargo a los hijos,
es decir, que estos dependan aún económicamente de sus progenitores. En el caso
enjuiciado, tal y como se argumentó, esto viene demostrado porque el hombre
cumple con la asignación mensual que le impuso la sentencia de divorcio para
alimentar a sus vástagos.
El juez eleva así mismo una cuestión de legalidad ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid
frente a lo dispuesto en el artículo 12.1 de La Ordenanza Fiscal del Impuesto
de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Madrid. Esta misma situación se produjo
en 2018 respecto de la ordenanza del Ayuntamiento de Palma de Mallorca. El TSJ
de las Islas Baleares declaró nulos determinados preceptos de la norma por
discriminar a los divorciados. En concreto, el inciso de la letra b) del
artículo 19.1 que disponía: "Se entiende como vivienda habitual aquel
inmueble de uso residencial donde estén empadronados todos los miembros de la
familia que figuren en el título de familia numerosa. Están exceptuados los
supuestos de nulidad, separación o divorcio donde solo se requerirá que esté
incluido en el título de familia numerosa el cónyuge que por declaración
judicial firme tenga atribuido el uso de la vivienda familiar".
FUENTE: CINCO DÍAS
