El próximo 1
de enero de 2023 entra en vigor el Impuesto Especial sobre los Envases de
Plástico no Reutilizables en el sistema tributario español, introducido por la
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.
A raíz de la pronta entrada en vigor de la ley, la Asociación
Española de Asesores Fiscales (AEDAF) analiza el impuesto y denuncia
su abusiva expansión. Concretamente, la asociación denuncia que:
- La Ley no afecta solo a
envases, sino que también a todo tipo de embalajes que
envuelven cualquier tipo de producto. Además, no hay constancia de que otros
países graven el plástico contenido en el propio embalaje.
- La Ley no afecta solamente a
fabricantes, sino que también a cualquiera que importe o adquiera bienes
intracomunitarios. Tal expansión del impuesto no puede ni siquiera plantearse sin un
marco regulatorio internacional que respalde jurídicamente la solicitud de
información sobre productos y embalajes de plástico.
- La Ley establece un límite
exento muy bajo, 5 kg/mes.
- La Ley no excluye aquellos
casos en los que los envases o embalajes estén
hechos parcialmente de materiales reciclados.
- La Ley impone algunas
obligaciones formales que son muy difíciles o imposibles de cumplir,
sobre todo para los compradores/importadores. Por ejemplo, “certificar” el
origen y la cantidad de plástico no reciclado de cada adquisición/importación.
- La Ley introduce un sistema de
estimación directa del impuesto por kg. de plástico fabricado o comprado.
Esta medida, para los que no son fabricantes de envases de plástica, resulta una
obligación prácticamente imposible de cumplir.
En definitiva, la AEDAF afirma que se trata de un impuesto de gestión
prácticamente imposible de conseguir. Los costes totales de la gestión
administrativa que implica el impuesto excederían en la gran parte
de los casos la cantidad recaudada por la Administración Tributaria.
Aún la Adminstración Tributaria, siendo consciente de la dificultad de
cumplir con el impuesto, siguen adelante con su entrada en vigor el próximo 1
de enero de 2023.
También por la dificultad que el impuesto conlleva, muchas empresas
no han sido capaces de adaptar sus sistemas para procesar toda la
información, ni cuentan con la capacidad necesaria para exigir la
información a sus proveedores extranjeros o certificar el origen del
plástico por cada adquisición de producto.
A esto se le añade el problema de la no existencia de un Reglamento y
de calidad normativa.
FUENTE ADADE CENTRAL
