El
Gobierno está en proceso de modificación de la Ley de Contratos del Sector
Público para aclarar cómo debe actuar una administración si se descubre un
posible comportamiento anticompetitivo durante el proceso de licitación.
La Ley
de Contratos del Sector Público, en colaboración con la CNMC, está estudiando medidas
para evitar conductas anticompetitivas, haciendo particular referencia a un
artículo que establece el traslado de indicios por parte de la mesa u órganos
de contratación.
Dicho
artículo incluye la suspensión del procedimiento de contratación cuando se
indiquen los indicios, y prevé la regulación, de forma reglamentaria, de la
actuación que se menciona en este apartado.
No
obstante, el Gobierno afirma que está trabajando para modificar la disposición
de la propia Ley para “regular de una manera pormenorizada” el procedimiento a
seguir si se diese el caso de detectarse tales indicios.
Esta no
es la única medida impulsada por el Ejecutivo, ya que, además, indica que la
futura Estrategia Nacional de Contratación Pública considerará medidas diseñadas
para promover la competencia y evitar prácticas contrarias. Finalmente,
afirma que estas medidas serán de aplicación obligatoria para todo el sector
público.
El
Ministerio de Hacienda dice que no puede castigar al cártel de la construcción
hasta que se determinen las sanciones finales
Hacienda
ha dejado claro que no puede descartar de la contratación pública a aquellas
empresas de la construcción que fueron sancionadas por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia hasta que se tome una decisión final y la
resolución sea firme.
El
supervisor decidió prohibir a estar empresas la contratación con la
Administración. No obstante, el Ejecutivo afirma que la aplicación de esta
orden se hará de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley de Contratos
y acorde con la jurisprudencia reciente.
FUENTE
ADADE CENTRAL
