PSOE y Podemos pactan la Ley de Vivienda que también incluirá el control del precio de los alquileres a los grandes propietarios
Unidas Podemos y PSOE sellan el acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda que acumulaba casi un año de retraso y que ha permitido desbloquear el pacto para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Tras meses de duras negociaciones y constantes 'tiras y aflojas' entre los socios de Gobierno, ambas formaciones han alcanzado el consenso para instaurar un impuesto a las viviendas vacías y controlar por ley el precio de los alquileres de los grandes tenedores.
En concreto, y según fuentes de Unidas Podemos, el acuerdo incluirá un recargo del IBI de hasta el 150% que podrán aplicar los ayuntamientos y que se queda a medio camino en el tope del 75% que estaba dispuesto a aceptar el PSOE y el 200% por el que en un principio abogaba Podemos.
Regulación de los alquileres
La normativa también aborda uno de los puntos que mayor fricción había generado entre ambas formaciones: el del control del precio de los alquileres en las zonas tensionadas. En un principio, los socialistas habían centrado su apuesta en rebajas fiscales para los propietarios, frente al control por ley mediante topes a los precios propuesto por Podemos.
Finalmente, la regulación de precios permitirá a los ayuntamientos bajar por ley los alquileres de los grandes propietarios, considerados como tal aquellos con más de 10 viviendas, en las denominadas zonas tensionadas. «La Ley de Vivienda no deroga las competencias autonómicas, sino que las complementa», indican desde el Ejecutivo.
Para los pequeños propietarios, se abogará por la congelación de precios e incentivos fiscales para favorecer que bajen los contratos. En es sentido, y según la propuesta inicial del PSOE, se abogaba por bonificaciones de hasta el 90% en el IRPF para quienes rebajen precios respecto a contratos anteriores.
En el caso de los grandes propietarios, la imposición de una rebaja en los precios se impondría en todo caso en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado, decisión que tomarían de nuevo los ayuntamientos.
Tal y como estaba previsto, la Ley también apostará por incentivar el parque público de alquiler, con la idea de que se reserve el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De esa cifra, la mitad deberá ser destinada a alquiler social.
FUENTE: LAS PROVINCIAS
