Las autoridades regionales y locales tienen que reducir el retraso con los pagos.
Los retrasos al pagar a proveedores y contratistas en el sector público y privado es un problema que arrastra nuestro país desde hace años. Y aunque España ha logrado algunos avances, para Bruselas no resultan suficientes. Sobre todo cuando Europa se recupera de su mayor crisis en siete décadas de historia con un tejido empresarial muy debilitado.
Por eso, la Comisión Europea ha decidido dar el último aviso a nuestro país para que aborde este desafío en el sector público, cumpliendo con la Directiva sobre morosidad de 2011. Es el segundo toque de atención que la Comisión da a nuestro país respecto a la transposición de esta directiva, para evitar pérdidas para las empresas, sobre todo para las pymes.
La Comisión abrió el procedimiento de infracción a España sobre este asunto en 2015 por los excesivos retrasos en los pagos de la Administración Pública a empresas. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario reconoció los esfuerzos realizados por nuestro país desde entonces para reducir los plazos en los pagos de su sector público. "Sin embargo, si bien durante este tiempo, las autoridades centrales han avanzado mucho, a la Comisión le preocupan los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales, ya que su ejecución de pago aún no se ajusta a las obligaciones de la Directiva," señaló la Comisión.
La Directiva sobre morosidad obliga a las autoridades públicas a pagar sus facturas en un plazo de 30 días (o 60 días para los hospitales públicos). La normativa comunitaria considera que las autoridades públicas tienen además la "obligación especial" de pagar a sus proveedores a tiempo y dar buen ejemplo en la lucha contra la cultura de los pagos atrasados en el entorno empresarial.
Tras el envío de este dictamen motivado a Madrid, segunda etapa del procedimiento de infracción de la UE, España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos presentados por Bruselas. Si no toma las medidas consideradas necesarias para cumplir con la directiva, la Comisión puede decidir llevar a España ante el Tribunal de Justicia. La justicia europea podría imponer una multa y obligar a nuestro país a corregir la legislación nacional o asegurar una correcta aplicación.
La Comisión explica en su comunicado que los pagos atrasados "tienen un efecto negativo en las empresas, ya que reducen su liquidez, les impiden crecer, obstaculizan su resiliencia y su capacidad para volverse más verdes y digitales". Este impacto dañino resulta más perjudicial en el contexto económico actual, dado que las empresas, sobre todo las pymes, dependen de pagos regulares para operar y mantener los puestos de trabajo tras el impacto del covid-19.
El Ejecutivo comunitario explica que está plenamente comprometido con la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales y ya ha abierto procedimientos de infracción contra otros Estados miembros, cuyas administraciones públicas no pagan a sus proveedores a tiempo. El último de ellos fue Italia, al recibir ayer por el mismo motivo una carta de emplazamiento de Bruselas, primera fase del procedimiento sancionador.
FUENTE: EL ECONOMISTA
