El Gobierno ha aprobado este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario el Real Decreto con el nuevo paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio, el plan aprobado ha quedado dividido en tres fondos: un fondo de recapitalización de empresas medianas por importe de 1.000 millones que se inyectará a través de la empresa pública estatal Cofides; otro fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO, dotado con 3.000 millones y que gestionará la banca, y un último fondo para otorgar ayudas directas a pymes y autónomos, dotado con 7.000 millones. En total, 11.000 millones de euros.
Las ayudas servirán a los empresarios para cubrir al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores habituales, como el pago de gastos fijos (salarios, arrendamientos...), deudas financieras y no financieras.
Según apuntan fuentes gubernamentales, habrá una partida de 2.000 millones para Baleares y Canarias, las dos comunidades más afectadas por las medidas restrictivas para aplanar la curva. El PIB balear cayó el 27% en 2020; la economía canaria, alrededor de un 20%, según los datos del Banco de España.
Podrán acceder a las nuevas ayudas , aquellas empresas cuyos ingresos hayan caído al menos un 30% en 2020 frente a 2019. Habrá 100 tipos de subsectores apoyados según sus códigos CNAE, entre los que destacan las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas. La Agencia Tributaria ayudará a identificar la caída de ingresos en cada empresa.
Las CCAA podrán cubrir hasta el 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos que tengan a su cargo hasta 10 trabajadores, y el 20% para el resto de firmas. La ayuda tendrá una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva, y de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas. A partir de aquí, las autonomías podrán imponer criterios adicionales a los marcados desde el Gobierno central.
Los requisitos que deben cumplir las empresas receptoras son que no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años, así como al mantenimiento de su actividad hasta junio de 2022.
María Jesús Montero, Ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha señalado en una entrevista, que este plan tardará en ponerse en funcionamiento. “No se puede hablar de días porque sería muy arriesgado. Hace falta un trabajo de garantías jurídicas que permita asegurar que el dinero llega y se emplea para los fines que está previsto”
FUENTE: ADADE CENTRAL
