El auge de las criptomonedas, que han marcado esta
semana cotizaciones récord tras el respaldo de empresas como Tesla o
Mastercard, ha llevado a los organismos supervisores y al propio Gobierno a
alertar de que estos activos no cuentan con un marco legal que proporcione una
protección adecuada a los inversores.
Al margen de la normativa que prepara la Unión
Europea (UE), en España se encuentran en fase de tramitación dos iniciativas legislativas
que afectan a las criptodivisas, aunque no se trata de regulaciones
específicas, ya que están ligadas a la prevención del fraude fiscal, el
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Las empresas que operan en el ámbito de las criptomonedas
reclaman una normativa que permita el desarrollo de este mercado, tal y como
ocurre en otros países, puesto que, en su opinión, existen lagunas
interpretativas que pueden causar confusión en los inversores.
El anuncio del fabricante estadounidense de
vehículos eléctricos Tesla de que había invertido 1.500 millones de dólares
(1.238 millones de euros) en bitcoines disparó esta semana la cotización de esa
criptomoneda, la más utilizada, que alcanzó nuevos máximos el lunes y el
martes.
El bitcóin superó sus récords el jueves y el
viernes y se sitúo en torno a los 49.000 dólares (40.400 euros) tras la
decisión de la empresa de medios de pago Mastercard y del banco BNY Mellon de
permitir el uso de criptomonedas en sus servicios.
En este contexto, el martes, la Comisión Nacional
del Mercados de Valores (CNMV) y el Banco de España emitieron un comunicado
conjunto en el que advertían del alto riesgo de invertir en criptomonedas por
su complejidad, volatilidad y falta de transparencia.
Los supervisores recordaron que la inversión en
criptomonedas no cuenta con las garantías y la protección que tienen otro tipo
de productos financieros.
En el mismo sentido se expresaba un día después la
secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, quién alertó del riesgo de
impago de las inversiones en criptomonedas, un peligro que vinculó a la falta
de un emisor reconocible que pueda ser supervisado y a la carencia de un marco
legal e institucional comparable al de otros productos financieros.
En España, en la actualidad están en tramitación
dos iniciativas legislativas que afectan a las criptodivisas: el Proyecto de
Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y el Anteproyecto
de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El primero, el referido a la lucha contra el fraude
fiscal, se encuentra en fase de ponencia en la Comisión de Hacienda del
Congreso.
Según el economista y asesor fiscal especializado
en criptomonedas José Antonio Bravo Mateu, esa norma introduce dos grupos de
declaraciones informativas.
La primera de las declaraciones informativas
persigue que las empresas dedicadas a la compraventa de criptomonedas y a la
custodia de claves privadas informen a la Administración de sus saldos y de las
transferencias que se produzcan.
La segunda de las declaraciones informativas obliga
a incluir en el modelo 720 de Hacienda -en el que se declaran las operaciones
en el extranjero- las criptomonedas que se encuentren depositadas en empresas
de compraventa o custodia de criptoactivos fuera del territorio nacional.
Según Bravo Mateu, el Anteproyecto de Ley de
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
pretende introducir nuevas obligaciones para las casas de compraventa de
criptomonedas en esos ámbitos.
El experto recuerda que en este momento los
inversores que posean criptomonedas solo deberán declarar las ganancias y
perdidas patrimoniales que se hayan producido en su transmisión.
En esta situación, proveedores de servicios de
criptoactivos como Bitnovo apuestan por un desarrollo de la regulación de las
criptomonedas en España.
\"Nos gustaría poder ver más avances en la
regulación para poder competir en igualdad de condiciones con otros países que
sí están dando pasos en esa dirección, apoyando la innovación\", subraya en
un comunicado Javier Castro-Acuña, responsable de control de negocio de
Bitnovo.
En la UE se trabaja en un reglamento para regular
el mercado de criptomonedas, una norma conocida como MICA que pretende definir
tanto los tipos de activos digitales como las empresas y proveedores.
Para Ángel Luis Quesada, consejero delegado de la
empresa de custodia de activos digitales Onyze, Europa está haciendo las cosas
bien en este sentido.
\"Creemos que es necesaria una regulación
europea para los activos digitales que busque defender al consumidor\",
recalca.
FUENTE: EXPANSIÓN
