El nuevo periodo de cálculo propuesto por el
Ministerio de Seguridad Social rebajará los ingresos de los futuros
pensionistas: «No me toques mi pensión, recorta la pensiones que recibirán mis
hijos o mis nietos»
El ministro de Seguridad Social, José Luis
Escrivá, ha propuesto reformar las condiciones de acceso a la jubilación
buscando disminuir los gastos futuros del sistema. Y es que durante las
próximas tres décadas el número de pensiones va a continuar creciendo hasta
ubicarse en torno a los 15 o 16 millones y, en paralelo, nos exponemos a que el
número de ocupados se ubique, por el declive demográfico, en otros 15-16
millones, de modo que la ratio trabajadores/pensionistas pasaría del actual 2:1
a 1:1.
Así las cosas, además de retrasar la edad efectiva
de jubilación, Escrivá plantea elevar el periodo de cálculo de la
pensión para los futuros jubilados desde los últimos 25 años de vida laboral a
los últimos 35. Y dado que los primeros años de vida laboral en un mercado
tan dualizado como el español suelen implicar contratos temporales, precarios y
con bajos salarios, extender el periodo de cálculo supondrá recortes de
las nuevas pensiones futuras. Por consiguiente, el ministro de Seguridad
Social del Gobierno PSOE-Podemos está reconociendo lo que durante tanto tiempo
se nos había negado: que el sistema tal cual está configurado en la actualidad
es insostenible. Un reconocimiento que supone una enmienda contra dos mensajes
propagandísticos que se han repetido hasta la saciedad desde este Gobierno y
sus aledaños.
Primero, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos
vendieron que la negociación de los fondos europeos había sido un rotundo éxito
porque íbamos a recibir 140.000 millones de euros a cambio de nada, esto es,
que no habría condicionalidad alguna (a lo sumo, el líder de Podemos habló de
una «condicionalidad blanda»). Pero si estamos aprobando deprisa y corriendo
–incluso con fuertes disensos dentro del Ejecutivo– esta reforma de las
pensiones es porque Bruselas nos exige poner en orden nuestro sistema
de Seguridad Social antes de desembolsar las ayudas. Como ya advertimos
algunos en su momento, una de las principales peticiones de la Comisión iba a
consistir en reformar el sistema de pensiones español. Pues bien: ahí lo
tienen. Nos mintieron cuando negaron la condicionalidad.
Segundo, durante años, algunos grupos sociales
partidarios del Gobierno de coalición, como las mareas de jubilados que
inundaron las calles de España, estuvieron reclamando que las pensiones
se reindexaran al IPC (después de que Rajoy las desindexara en 2013
para ir disminuyendo el agujero de la Seguridad Social). Esos grupos nos
aseguraban que era perfectamente viable volver a vincular sus ingresos a la
inflación, de manera que no perdieran poder adquisitivo con el paso del tiempo
(incluso nos aseguraban que era posible aumentar las pensiones mínimas hasta
1.080 euros mensuales en catorce pagas). Y claro que podían volver a vincularse
las pensiones al IPC, pero sólo a costa de recortar otros gastos del sistema.
Precisamente eso es lo que ha sucedido con este Gobierno: ha vuelto a
indexar las pensiones a la inflación y, para compensar el boquete
financiero resultante, está teniendo ahora que impulsar otro ajuste distinto
(el alargamiento del periodo de cálculo). La diferencia es que este
reequilibrio del sistema de pensiones se efectuará exclusivamente a costa de
las generaciones futuras, en lugar de distribuir su carga entre los
pensionistas presentes y los futuros. Esta era la famosa solidaridad
intergeneracional de las mareas de pensionistas: «No me toques mi
pensión, recorta la pensiones que recibirán mis hijos o mis nietos». En
definitiva, que sí hacían falta ajustes y, por suerte, los hombres de negro de
Bruselas nos los van a imponer teletrabajando. Mejor eso que provocar la
quiebra de la Seguridad Social.
No hay que subir el SMI
Subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en
2021 es un error. Primero, porque todavía no hemos
analizado el impacto sobre el empleo (posiblemente negativo que tuvieron las
subidas de 2019 y 2020). Segundo, porque el margen de beneficios de las
empresas se ha hundido tras la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil (según
el Banco de España, el resultado ordinario neto del tejido empresarial en el
tercer trimestre de 2020 era un 70% inferior al del mismo periodo de 2019). Y
tercero, porque aunque experimentáramos una fuerte recuperación en 2021, las
empresas necesitarían las consecuentes ganancias para recapitalizarse después
del mal ejercicio sufrido con la pandemia. El sentido común aconsejaría
suspender el aumento del SMI al menos durante 2021, pero este Gobierno
actúa más bien con sentido ideológico y dogmático.
El Bitcoin supera los 20.000 dólares
El Bitcoin ha superado esta semana
el precio de 20.000 dólares por primera vez en su historia. La evolución del
precio de esta moneda digital durante la última década ha sido espectacular,
algo que para muchos es síntoma de un auge burbujístico y que para otros, en
cambio, supone una revolución de los paradigmas monetarios. La realidad está
más cerca del segundo punto de vista que del primero: aunque cabe la
posibilidad de que durante las últimas semanas hayan entrado inversores con un perfil
especulativo, el recorrido del Bitcoin en los últimos diez años pone de
manifiesto que cada vez más personas la están utilizando como una
reserva de valor alternativa a las principales divisas globales. Una sana
competencia que restringe el margen de actuación de los bancos centrales a la
hora de desarrollar políticas monetarias de carácter inflacionista.
Sobrecoste renovable
El Gobierno ha decidido socializar entre
todos los consumidores de energía (electricidad, gas y carburantes) el coste de
las primas a las energías renovables. Actualmente, este coste recae en
exclusiva sobre los consumidores de electricidad; algo que, por otro lado,
tiene cierta lógica: si las renovables son centrales eléctricas cuyas primas
son imputables a esa demanda eléctrica, entonces tiene sentido que sean los
consumidores de electricidad quienes carguen con ese gravamen. Tras la reforma
del Ejecutivo, ese gravamen se distribuirá entre un mayor número de
ciudadanos: bajará la luz (o no subirá tanto), pero a cambio se
encarecerán el gas y los carburantes. El pecado original, empero, cabe buscarlo
en la ineficiente promoción de la burbuja renovable que se generó entre los
años 2004 y 2009. De aquellos polvos, estos lodos.
