El
Gobierno y los agentes sociales retoman este lunes la negociación para la
prórroga de los ERTE.
El ministerio de Trabajo
propone prorrogar automáticamente los ERTE hasta el 31 de diciembre y limitar
los de fuerza mayor a empresas de sectores especialmente afectados y a negocios
que dependan de ellos. Además, en su propuesta incluye el mantenimiento de la
prohibición de despedir tras los expedientes de regulación temporal de empleo
hasta final de año.
En concreto, el documento que
el Gobierno les ha enviado a los agentes sociales establece que hasta el 31 de
diciembre permanecerá vigente el artículo con el que el Ejecutivo fijó que la
fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
en las que se amparan las medidas de suspensión de los contratos y la reducción
de jornada «no se podrán entender como justificativas de la extinción del
contrato de trabajo ni del despido». Ello, en la práctica, implicaba
que quedaban vetados los despidos objetivos (que conllevan una
indemnización de 20 días por año trabajado), que pasaban a considerarse
despidos improcedentes (cuya indemnización alcanza los 33 días por año) o
nulos.
Pero la propuesta del
Gobierno también incluye el fin del contador a cero, es decir, el
plazo de los ERTE restará para eventuales periodos futuros de paro de los
trabajadores afectados. En concreto, cuando los trabajadores accedan a una
prestación contributiva por haber extinguido una relación laboral antes del 31
de diciembre de 2021, verán reducida la duración del derecho al desempleo
durante tantos días como hayan percibido la prestación por ERTE a partir del 1
de octubre.
Éstos son algunos de los
términos con los que Trabajo acude a la reunión que mantendrá este lunes a
partir de las diez de la mañana con los agentes sociales para negociar la
extensión de los ERTE. El objetivo de las negociaciones es llegar a un
acuerdo a lo largo de esta semana.
El
Gobierno también ultima la regulación del teletrabajo con los agentes sociales. En el borrador que presentó
hace una semana, el Ejecutivo elevó del 20% al 30% el porcentaje para entender
que el trabajo a distancia es regular en una empresa. Pero el documento también
recoge que la modificación del porcentaje de la presencialidad sólo podrá
aplicarse en el caso de que concurra la voluntariedad tanto de la persona
trabajadora afectada como de la empresa. Además, establece que cuando el
trabajo a distancia sea algo excepcional promovido por una pandemia, la empresa
no tendrá que establecer un acuerdo específico con los trabajadores que
incluya, por ejemplo, la compensación de los gastos.
Con respecto a los trabajadores
del sector público, el Gobierno y los sindicatos registraron avances en la
reunión que mantuvieron el pasado viernes y se emplazaron también para este
lunes para una nueva reunión con posibilidades de que se pueda firmar un
acuerdo en breve. En la negociación, Función Pública ha planteado que el
teletrabajo pueda ser voluntario y reversible.
FUENTE: LAS PROVINCIAS
