Díaz refuerza la Inspección y los controles contra el fraude laboral. Los jueces piden que el Supremo aclare la naturaleza de estos trabajadores.
El Ministerio de Trabajo usará la tecnología de análisis masivo de datos -conocida como Big Data- para detectar casos de fraude laboral en materia de contratación. Sobre todo, Trabajo pondrá el foco en los falsos autónomos y la sucesión de contratos temporales.
De esta forma, una herramienta informática analizará millones de contratos y los datos de los trabajadores para crear alertas sobre posibles asuntos de fraude laboral. Además, el Ministerio reforzará la Inspección y los controles a las empresas. Trabajo lanzará así una ofensiva legal contra aquellas empresas que cometan irregularidades en la contratación de sus trabajadores
La ministra, Yolanda Díaz, ha puesto el foco de la actuaciones en las nuevas plataformas digitales. De hecho, la ministra ha anunciado el Plan Director por un Trabajo Digno con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos, como la temporalidad fraudulenta, el contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas o falsos autónomos.
"Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada", señala Yolanda Díaz
"Un joven en bicicleta con un móvil no es un trabajador autónomo", ha asegurado la ministra durante su intervención. Desde el Ministerio de Trabajo añaden que para abordar esta situación se tomarán medidas legislativas.
Para conseguir el objetivo, la ministra ha resaltado que el Gobierno va a reforzar los efectivos de la Inspección de Trabajo para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y para garantizar, en definitiva, la legalidad en el ámbito laboral.
"Los esfuerzos se centrarán en el uso de la contratación temporal concatenada por un mismo trabajador o puesto, el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extra laborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos o falsos cooperativistas", ha dejado claro.
Por ello, ha explicado que es "importante" reforzar el papel de la Inspección para atender a las nuevas fórmulas de trabajo "atípico, que emergen en contextos digitales". "Debemos impedir que nuevas fórmulas de negocio de la economía de plataformas se conviertan en nuevas formas de explotación, simples pantallas para eludir la relación laboral y el derecho al trabajo", ha dejado claro, tras afirmar que el Ministerio hará que la Inspección de Trabajo sea "efectiva y pueda intervenir en los periodos de consulta de manera activa".
Vía iniciada por Valerio
Con la anterior titular del Ministerio, Magdalena Valero, al frente de Trabajo, la Inspección recibió ya órdenes para centrar sus actuaciones en las nuevas modalidades de trabajo surgidas tras la irrupción en el mercado laboral de las plataformas digitales. "Esto es un movimiento global que ha llegado para quedarse", señaló Irene Marín Luego, la entonces subdirectora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. "Sin embargo, nos hemos encontrado con que estas plataformas han supuesto en muchos casos una merma en los derechos de los trabajadores", subrayó.
De este modo, destacó que las actuaciones de la Inspección de Trabajo se centrarán en los próximos meses en estas nuevas modalidades de trabajo. "Ya ha habido un incremento del empleo aflorado de un 500% en relación con el año 2018", manifestó respecto al Plan de Choque puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo.
La subdirectora reconoció el impacto de las nuevas plataformas digitales. "Debemos adaptarnos a estos cambios sociales sin que supongan una merma en los derechos de los trabajadores, y ese es uno de los objetivos clave del Ministerio", añadió.
Falta de jurisprudencia
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Emilia Ruiz-Jarabo, indica la necesidad de que el Tribunal Supremo se prenuncie en casación sobre la polémica de los denominados riders de empresas como Glovo o Deliveroo. "Ahora mismo estamos en una situación en la que hay dos Tribunales Superiores de Justicia que dicen dos cosas distintas", explica. El TSJ de Madrid considera que estos trabajadores son autónomos mientras que el TSJ de Asturias asegura que son trabajadores por cuenta aJena. "Necesitamos que el Supremo se pronuncie pronto y que el potente filtro que tiene para admitir recursos de casación porque ya hay miles de asuntos en los juzgados", añade.
En este sentido, la magistrada Ruiz-Jarabo piensa que estas compañías lo que quieren es "evitar unos costes laborales altos". De este modo, entiende que este tipo de trabajo se ha configurado para que se pueda considerar a estos trabajadores como autónomos económicamente dependientes. "Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica", apostilla. "Lo que los juristas decimos es que los contratos son lo que son y no lo que las partes denominan en la firma del contrato", apunta la jurista. María Emilia Ruiz-Jarabo apuesta por el estudio caso a caso en estas situaciones.
Por su parte, los laboralistas piden también que la Justicia resuelva las dudas , Alfredo Aspra, socio del área Laboral de un despacho, asegura que "el único punto que tiene que despejar es si el mero hecho de que la propiedad de la plataforma digital de los pedidos sea de una empresa determina la laboralidad para los repartidores y no su condición de autónomos".
FUENTE: EL ECONOMISTA
