Tras la última revisión aprobada la pasada semana por la UE, Panamá vuelve a la lista negra, después de que el Foro Global determinase en noviembre pasado que el país solo cumple "parcialmente" sus estándares de transparencia e intercambios. La Unión Europea (UE), con esta resolución vuelve a meter a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, de la que había salido en enero de 2018, puesto que no cumple con las normas del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información fiscal de la OCDE.
Laurentino Cortizo, presidente panameño, tachó la medida de "arbitraria" y pidió al bloque comunitario que "mire con buenos ojos" al país, que está "haciendo todo el esfuerzo" en materia fiscal. Desde el Gobierno panameño defienden que el país "no es un destino mundial para la evasión fiscal" ni el "registro predilecto para las sociedades offshore", así como que ha hecho muchos progresos en materia de intercambios.
Panamá, las Islas Caimán, las Seychelles y Palau pasan así a engrosar una lista en la que ya estaban Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses y Vanuatu.
Sin embargo, la UE ha sacado de todas sus listas (negras y grises) a dieciséis países, entre ellos, Vietnam, Armenia, Montenegro, las Islas Marshall, las Islas Vírgenes británicas, Bahamas, Barbados o Bermudas.
La legislación de los países considerados paraísos fiscales, facilita la creación de cualquier tipo de asociaciones sin imponer estándares internacionales que permitan transparentar el origen de los fondos, lo que permite recibir tanto a capitales obtenidos de manera lícita tanto como ilícita.
La UE no ha modificado sus criterios para determinar qué países son paraísos fiscales, lo que si hace periódicamente, como en este caso, es evaluar el cumplimiento de los mismos y, aunque la situación de Panamá no ha cambiado en este sentido, el hecho de que la OCDE la haya incluido en su lista implica que la UE tiene que incorporarla a la suya. Estar en la lista negra no conlleva sanciones más allá de la prohibición de que los fondos comunitarios transiten a través de entidades establecidas en esos territorios.
Para algunas ONG, como Oxfam, la credibilidad se ve cuestionada porque la UE no incluye a sus propios miembros, pese a que Bruselas reconoce que Bélgica, Chipre, Malta, Holanda, Irlanda, Hungría y Luxemburgo tienen prácticas fiscales agresivas.
FUENTE: ADADE CENTRAL
