Además de la detección de falsos autónomos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha marcado otros objetivos en la lucha contra el fraude laboral.
Hace apenas unas semanas, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección firmaron un convenio, que contempla más de 7.500 actuaciones extraordinarias, para intensificar la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, que se sumarán a las 8.000 ya previstas.
El plan, que se puso en marcha el pasado 1 de agosto y estará en vigor hasta el próximo 31 diciembre, cuenta con una dotación presupuestaria de 960.000 euros.
Una de las prácticas sobre la que los inspectores centrarán su foco de acción es: la contratación a tiempo parcial fraudulenta. La ley establece que un contrato a tiempo parcial es aquel en el que se acuerda la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año que debe ser inferior a la jornada de un trabajador a tiempo completo.
Hasta aquí todo en orden. El problema viene cuando algunos empresarios para ahorrar costes deciden hacen un contrato parcial pese a que el trabajador hace una jornada completa. De esta manera, cotizan menos por él pero, a menos que haya una inspección o una denuncia, no saldría a la luz el fraude porque el trabajador estaría protegido, por ejemplo, de cara a un accidente de trabajo.
Pero los perjuicios son dobles. No sólo la Seguridad Social recauda menos, sino que los trabajadores con contratos a tiempo parcial fraudulentos tienen también menores prestaciones al cotizar menos de lo que realmente trabajan: menor paro, menor pensión de jubilación, indemnización por despido...
Campaña de verano
En ocasiones, se trata de enmascarar este fraude con horas complementarias pero sin cumplir lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores.
Los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacer horas extra salvo en determinados supuestos. Además, en el caso de que realicen horas complementarias tienen que ser acordadas voluntariamente entre la empresa y el trabajador y quedar reflejadas por escrito. Asimismo, no podrán exceder el 30% de las horas ordinarias del contrato de trabajo. En algunos convenios, se eleva, no obstante, este porcentaje hasta el 60%. Y en ningún caso podrán superar la jornada de un trabajador a tiempo completo.
El año pasado se formalizaron 21.5 millones de contratos, de los que un 91% fueron temporales y el 8,97%, indefinidos, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Más de 13 millones fueron a tiempo completo y 7,4 millones, a tiempo parcial.
Precisamente, la detección de los contratos temporales irregulares es otra de las principales líneas de actuación de la Inspección, que ha intensificado su campaña este verano. En apenas dos días -el 13 y 14 de agosto-, se remitieron 22.000 cartas a empresas por incumplir presuntamente los límites fijados legalmente para los contratos eventuales. Según la legislación, se pueden realizar contratos temporales eventuales por una duración tope de 12 meses en un periodo de 18 meses, es decir, que en 18 meses un trabajador al que se le efectúe este contrato sólo podrá trabajar un máximo de 12.
Cruce de datos
Gracias a una nueva herramienta que se ha puesto en marcha recientemente y que permite el cruce de datos fiscales y de la Seguridad Social, la Inspección ha tenido constancia de estas prácticas fraudulentas, y ha pasado a la acción. El objetivo de estas comunicaciones es que las empresas regularicen la situación de los trabajadores afectados. Ahora bien, si en el plazo de un mes desde el envío de estas comunicaciones, la Inspección de Trabajo observa que no se han repuesto los derechos vulnerados de los trabajadores o la empresa ha extinguido los contratos en fraude de ley, enviará a estas compañías a inspectores y subinspectores para que comprueben directamente qué ha sucedido, y exijan, en su caso, las responsabilidades legales que correspondan.
El Plan Director por un Trabajo Digno contempla también otras medidas como visitas sorpresa de los inspectores a las empresas para detectar 'in fraganti' los casos de fraude. El Gobierno reforzará la plantilla de inspectores un 23% hasta 2020, lo que supondrá la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores. Con refuerzo, la plantilla ascendería a 2.709 funcionarios, frente a los 1.876 con los que cuenta actualmente la Inspección de Trabajo.
FUENTE: EL MUNDO
