El Ejecutivo ha anunciado o planteado medidas impositivas y de cotizaciones sociales que impactarán en las cuentas de empresas y profesionales. Entre otras, nuevos impuestos a la banca, las tecnológicas, alzas en Sociedades y en las bases de cotización. Su coste total podría oscilar entre los 18.500 y los 28.000. Cuando cumple su primer mes, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado al menos quince medidas que afectan a las empresas y profesionales con subidas de impuestos y de cotizaciones sociales y de derogación de aspectos clave de la reforma laboral. Estas subidas tienen a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Trabajo, Magdalena Valerio, como protagonistas.
Hacienda, de momento, ha planteado una batería de alzas fiscales que descansan en las empresas. La medida más relevante es la imposición de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades del 15%, que iría acompañada por la creación de sendos impuestos a las tecnológicas y a la banca, y de un alza a la imposición medioambiental. A estas medidas, a medio plazo, se podrían añadir subidas en los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio, dentro de una armonización de la fiscalidad autonómica.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, está inmersa en una contrarreforma laboral para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, incrementar las cotizaciones de diversos contratos, como los de muy corta duración, y las bases de cotización de los trabajadores con los salarios más altos. El coste de todas estas medidas fiscales y laborales se sitúa en una horquilla de entre 18.500 millones y 28.000 millones.
Tipo mínimo en Sociedades.
Hacienda quiere que haya un tipo mínimo del 15% a partir del cual no se puedan aplicar deducciones añadidas. Considera que "sobre todo en las grandes empresas, no se adecua el tipo teórico al real que sale después de practicar toda una arquitectura de deducciones de gran complejidad". El tipo efectivo de los grupos consolidados, en su mayoría, grandes empresas, es del 7,8% y llegó a estar en 2011 en el 3,8%. Esto, sobre resultado contable, porque, como recuerda CEOE, el tipo efectivo sobre base imponible es mucho más alto, del 19,8% en los grupos. Y en el caso de las multinacionales, aún más si se cuenta el resultado contable mundial, que en el Ibex ha sido en el primer trimestre del 26,5%. La cuota líquida positiva de los grupos es de 6.295 millones para un tipo del 7,8%, con lo que un tipo del 15% supondría un alza de más de 6.000 millones.
Ajuste de deducciones.
El PSOE quiere recortar deducciones enSociedades. Se prevé revisar la a exención a plusvalías y dividendos por ventas empresariales, que supone más de 10.000 millones en impuesto no ingresado en las arcas públicas al año.
Tasa a las tecnológicas.
Montero confirmó que su intención es llevar al Congreso la tasa Google para que esta actividad pueda aportar lo que no está aportando. La tasa seguirá el proyecto de la Unión Europea, con lo que gravará la intermediación, los servicios y la venta de datos digitales a empresas con determinados niveles de facturación. El objetivo de la que preparaba el PP era recaudar 600 millones.
Impuesto a la banca.
Hacienda también ha ratificado que va a haber un impuesto a la banca para financiar la Seguridad Social, "bastante novedoso, no hay tantas referencias en el entorno europeo", ha dicho la ministra, lo que parece alejar que sea un recargo sectorial en Sociedades. Este tributo recaudaría 1.000 millones de euros, según el programa del PSOE. La ministra no ha aludido al impuesto a transacciones financieras que asimismo llevan los socialistas en su programa, también con el objetivo de reunir 1.000 millones.
Recargo al diésel.
Montero no ha concretado las medidas que prepara, aunque ha apuntado que "más que afán recaudatorio, se trata de diseñar una política disuasoria de conductas agresivas con el medio ambiente. Todo lo que sea establecer un gravamen añadido a productos contaminantes es una prioridad". El PSOE lleva en su programa una batería de impuestos verdes para recaudar 600 millones, entre las que destaca la equiparación de los tipos de gravamen de gasóleo y gasolina, un plan que mantiene el Gobierno. Desde Hacienda analizan con cuidado la medida, ya que puede impactar en la clase media y en el transporte.
Impuestos a las bolsas de plástico. También se estudia una batería de impuestos verdes, como un tributo a los residuos de las bolsas de plástico.
Armonización de Sucesiones y Patrimonio.
La ministra de Hacienda es partidaria de armonizar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones "para evitar asimetrías", lo que implica subidas en comunidades como Madrid, en el medio plazo. Se trata de una medida que podría tener impacto en la empresa familiar.
Primacía del convenio del sector sobre el de empresa.
En contra de la reforma laboral de 2012, el Gobierno estudia restaurar la autoridad del convenio sectorial sobre el de empresa en aspectos sustanciales de las relaciones laborales. Entre otros, en el salario base y los complementos, incluidos los vinculados a los resultados de la empresa; la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo a turnos. El convenio sectorial también debería tener preferencia sobre el de empresa en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, los turnos y la planificación de las vacaciones. El PSOE y los sindicatos sostienen que la preferencia del convenio de empresa sobre el del sector ha debilitado los derechos de los trabajadores, al desaparecer el paraguas protector de los representantes sectoriales.
Restricciones a la subcontratación.
Ésta es una medida promovida por el PSOE que se está discutiendo ya en el Congreso. La propuesta quiere que, en la subcontratación de una actividad, la empresa principal se haga responsable de que las compañías más pequeñas que intervienen el contrato cumplen con los derechos laborales y salariales de sus trabajadores. Puede ser el vehículo para restaurar la autoridad del convenio sectorial sobre el de empresa. La propuesta surgió por la protesta de las camareras de piso en los grandes hoteles que, en muchos casos, trabajan para una empresa subcontratada con condiciones laborales y salariales muy inferiores a las de los empleados del hotel.
Derogar el contrato de apoyo al emprendedor.
Fue uno de los grandes proyectos de la reforma laboral y se han producido 950.000 contratos desde 2012. Se trata de que las empresas de menos de 50 trabajadores puedan contratar a un joven, con un periodo de prueba de un año. Transcurrido ese tiempo, pueden despedirle sin indemnizarle. El Gobierno considera que es un contrato que ha aumentado la precariedad y, por lo tanto, no ha aumentado el empleo indefinido de los jóvenes.
Encarecer el despido.
El Gobierno entiende que la reducción de la indemnización del despido improcedente y su flexibilización administrativa, que hizo la reforma, es una de las razones de la precariedad laboral. La reforma laboral rebajó la indemnización por despido improcedente del trabajador, a 33 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de dos años de retribución. Antes, el tope de la indemnización estaba en los 45 días por año, hasta una cuantía máxima de salario de tres años y medio.
Plan de lucha contra el fraude laboral.
El Ministerio de Trabajo prepara un plan de lucha contra el fraude laboral en las empresas. Entre otras cosas, el plan combatirá la subcontratación fraudulenta, el abuso en el empleo temporal y el fenómeno de los falsos autónomos. Estos últimos son aquellos trabajadores que están sometidos a la disciplina de una empresa, pero son obligados a darse de alta como autónomos. Con ello, las compañías se ahorran los costes de Seguridad Social y tienen más facilidades para prescindir del trabajador.
Los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales.
El Gobierno quiere que los autónomos coticen a la Seguridad Social por sus ingresos reales. El Ejecutivo pretende reducir una de las fuentes del déficit de la Seguridad Social. El 80% de los autónomos sin asalariados cotiza por la base mínima, independientemente de sus ingresos. De los 18.800 millones de euros de agujero, que la Seguridad Social tuvo el año pasado, 6.000 millones se deben a esta razón.
'Destopar' las bases de cotización.
El Ejecutivo quiere que los trabajadores con los salarios más altos -a partir de 45.000 euros brutos anuales- paguen más a la Seguridad Social. El objetivo es reforzar su contribución a la financiación de las pensiones. No obstante, el Gobierno estudia aplicar esta medida con mucha cautela, ya que podría suponer un aumento notable en los costes de las empresas: hasta 3.728 millones. También bajaría la renta disponible de los trabajadores en 742,49 millones. Además, exigir más contribución a la Seguridad Social a los trabajadores con salarios altos incrementa la pensión máxima, lo que sería muy difícil pagar en momentos de crisis.
Subida de las cotizaciones de los contratos de corta duración.
El Ejecutivo quiere que las empresas paguen más cotizaciones por los contratos de corta duración: de un día y de hasta una semana. No se trata de subir los tipos de cotización, sino de que las empresas paguen por los mismos conceptos que otros temporales e indefinidos. Por ejemplo, los días festivos, vacaciones o pagas extraordinarias. Con esta medida, el Ejecutivo quiere reducir la precariedad laboral y combatir la economía sumergida, sobre todo, en la hostelería de fin de semana.
Impuestos para financiar el alza del gasto
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tardado un mes en hacer su primer anuncio de calado, que llegó el jueves en medio de rumores de alzas fiscales inminentes ante los anuncios de nuevas partidas de gasto que están haciendo los Ministerios de Trabajo,Sanidad y Transición Ecológica.A lo que se suman las expectativas que creó el programa del PSOE, repleto de subidas de impuestos. Pues bien, el alza del gasto, que Montero prevé cerrar la semana que viene de cara a los Presupuestos de 2019, la van a sostener en buena parte las empresas, sobre lasque recaen la práctica mayoría de las medidas anunciadas.
Destejer lo que tejió el PP
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es uno de los miembros del Gobierno que mejor ha asumido las estrategia del presidente, Pedro Sánchez, de intentar desmontar todo lo que hizo el Ejecutivo del PP. En el mercado de trabajo, pretende cambiar todos los aspectos que pueda de la reforma laboral, si consigue un respaldo parlamentario suficiente. El PSOE sólo tiene 84 diputados. Por esta razón, espera llegar a un acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, para derogar definitivamente las reformas que hizo el PP en su mandato: desvincular las pensiones de los precios y fijar la primera pensión con la esperanza de vida.
FUENTE: EXPANSIÓN
