La reciente reforma del Reglamento Europeo de Sucesiones ha
modificado la normativa sobre esta materia de forma que ahora en España -y en
toda Europa, excepto en Reino Unido, Irlanda y Dinamarca- el principal criterio
para determinar la ley aplicable a las herencias deja de ser la nacionalidad
del difunto, y lo será su residencia habitual. Es decir, que si un ciudadano
español con residencia en Francia muere en el país galo, la ley que se aplicará
a su sucesión será la de este último Estado y no la española, como sucedía
hasta ahora.
Las consecuencias de este hecho pueden afectar de forma
sustancial al reparto de bienes, teniendo en cuenta que la ley aplicable a la
sucesión determina cuestiones como las limitaciones a la libertad de disponer
de la propia herencia cuando una persona tiene descendientes, cónyuge u otros
parientes.
Este nuevo panorama legal, que modifica significativamente
la aplicación del Derecho internacional en el ámbito de las sucesiones, hace
que cualquier ciudadano con bienes situados en varios países deba replantearse
su herencia.
Negocio familiar
La nueva regulación puede tener también importantes
consecuencias para las empresas familiares, ya que, en función de la ley que se
aplique a la sucesión de un miembro de la familia, puede incluso variar el
reparto del accionariado y afectar a la titularidad de los bienes de la
compañía, ya que la porción de la herencia que corresponde a los hijos o al
cónyuge no es igual en un país que en otro.
Pongamos por caso un ciudadano español, de vecindad civil
catalana, residente en Francia y con hijos. Según el nuevo reglamento, que se
aplica desde su entrada en vigor el pasado 17 de agosto, la herencia quedaría
ahora sujeta a las estrictas normas legitimarias del Código Civil francés, y no
como antes a las del derecho catalán, más flexibles y adecuadas para la
transmisión de la empresa familiar.
El alcance de este nuevo ordenamiento jurídico tiene aún
mayor repercusión si tenemos en cuenta que en los años de crisis han sido
muchos los españoles que han decidido buscar nuevo negocio en el extranjero,
trasladando sus empresas y cambiando su residencia a otro país.
Además, según apunta el notario Isidoro Calvo, toda esta
nueva situación debe ser también tenida en cuenta por las grandes empresas con
trabajadores expatriados, a los que la nueva regulación afecta de lleno.
En estos casos, al igual que los titulares de acciones de
empresas familiares, los expatriados deberán revisar si les interesa más que su
sucesión se rija por la normativa española o por la del país en el que se han
instalado, pudiendo elegir la legislación aplicable a su herencia. Y en caso de
que tuvieran redactado un testamento antes de la entrada en vigor del
reglamento europeo, también conviene que lo revisen porque el marco legal que
lo rige podría haber variado.
Las consecuencias del nuevo entorno regulatorio pueden ser
enormes teniendo en cuenta que en Europa se producen 450.000 sucesiones
transfronterizas cada año por un valor de 123.000 millones de euros, tal y como
recordó José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del
Notariado, en una jornada sobre el nuevo reglamento.
El caso de un empresario alemán con residencia en España
El reglamento contempla una amplia variedad de casos que
pueden variar enormemente en función de las circunstancias personales del
fallecido. Por ejemplo, un empresario jubilado de nacionalidad alemana, Hans,
viudo, con dos hijos mayores de edad, vendió todos sus bienes en 2011 en Alemania
y fijó su residencia en Jávea, donde constituyó una sociedad limitada
unipersonal. En 2012, se casó con una mujer española y, como regalo de bodas,
le dio el 48% de las acciones de la empresa.
En 2014 tuvieron un hijo y en noviembre de 2015 falleció sin
otorgar testamento. A sus tres hijos les corresponderá, como herederos, el 52%
de las participaciones de la empresa, en concreto, a cada uno el 17,3%, y a la
viuda española el usufructo del 17,3%. A la muerte de la mujer se extinguiría
su usufructo. En cambio, si Hans hubiera dicho notarialmente que su sucesión se
regiría según la ley alemana, a su viuda le correspondería en propiedad (no en
usufructo como en España) un cuarto de las participaciones y otro cuarto más
por participación en ganancias, en total el 26% de las participaciones; el otro
26% correspondería a los hijos por partes iguales.
En conclusión, a la viuda le convendrá que su marido elija
la ley alemana, mientras que a los hijos les beneficia el Código Civil español,
pues la viuda sólo sería usufructuaria del 17,3% de la empresa, usufructo que
se extinguirá a su muerte. Es más, si Hans hubiera hecho testamento según el
Código civil alemán, éste le reconoce absoluta libertad de testar, por lo que,
por ejemplo, podría haber dispuesto todo en favor de su viuda, al no haber
legítimas.
FUENTE: EDITORIAL LA
LEY
