Pymes y autónomos aplauden la medida.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebró este miércoles la decisión por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de atender sus reclamaciones y modificar la metodología sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores de forma que empiece a computar a partir de la aprobación de las facturas.
En un comunicado, la PMcM explicó que el Consejo de Ministros del 22 de diciembre aprobó la modificación del Real Decreto sobre el pago a proveedores para que el cálculo del periodo medio empezará a computar a partir de la aprobación de las facturas, y no, como hasta ahora, desde los 30 días posteriores a su aprobación. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) también había denunciado intensamente la elevada morosidad pública y se ha congratulado del cambio en la manera de medir la morosidad.
Como adelantó ABC, este cambio normativo, que no modifica el plazo máximo de pago a proveedores, que sigue estando en treinta días, entrará en vigor en el cómputo del periodo medio de pago a partir de abril de 2018.
La modificación de la metodología supone, según la PMcM, “una acertada rectificación por parte del Ministerio de Hacienda”, y consideran que el Gobierno “refuerza de esta forma el cumplimiento de la normativa europea en materia de lucha contra la morosidad”.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, afirmó que se trata de una rectificación del criterio que «aunque tardía, no deja de ser un paso más para ordenar los pagos y la información de carácter públicos» y recordó que «el Tribunal Supremo ya sentenció que no puede haber periodos de certificación por encima de los 30 días».
En este sentido, señaló que «desde la PMcM prestaremos atención a que las Administraciones Públicas hagan justificación en caso de no validar de forma inmediata la prestación de bienes o servicios».
Multas de la Comisión Europea
Hacienda actúa después de que la Comisión Europea abriera un expediente a España el pasado mes de febrero. Bruselas se quejaba de que la legislación nacional «amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago» y de que las administraciones españolas pagan por encima de los 30 días de límite que marca la directiva europea contra la morosidad y la propia ley española. Si en dos meses el Ejecutivo no actuaba, la Comisión amenazaba con interponer sanciones a España.
FUENTE: ABC
