La autoridad laboral revisará de oficio todos los procedimientos y obligará a devolver las bonificaciones a las empresas que cometan irregularidades.

El endurecimiento de la cuarentena ha disparado definitivamente el número de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en España. Según fuentes autonómicas, desde el inicio de la crisis sanitaria se han registrado más de 200.000 procedimientos de este tipo y todo hace indicar que la cascada de solicitudes está lejos de haber terminado. Algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, ya han alertado de que son incapaces de tramitar el enorme volumen de procedimientos iniciados y, de hecho, indican que muchos de ellos están saliendo adelante por silencio positivo. O lo que es lo mismo: por la vía de los hechos consumados.

Desde Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda) avisan de que en muchos casos los contribuyentes confirman precipitadamente el borrador una vez descargarlo, por lo que muchas personas podrían beneficiarse más de las ventajas a las que pueden tener derecho. Recomiendan modificar los borradores para incluir los alquileres y todas las deducciones y reducciones fiscales.

El BOE del día 8 de abril ha publicado el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que además de adoptar determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, el Gobierno rectifica y permite a los autónomos compatibilizar la nueva prestación extraordinaria por cese de actividad para quienes se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus con otra ayuda pública que estuvieran recibiendo, siendo esta rectificación reiteradamente pedida por el colectivo de autónomos, que sostenían que las restricciones de los RDs anteriores excluía a muchos trabajadores por cuenta propia, por ejemplo las viudas y huérfanos que cobraban una pensión, o familias en la que uno recibía una ayuda por hijo no  podían simultanearlas con estas ayudas.

 La intervención se limitaría por ahora a préstamos en condiciones favorables, con más de 35.000 millones de euros potencialmente disponibles para España.

A partir del 2 de abril, entra en vigor la extensión de la moratoria de la deuda hipotecaria, que inicialmente estaba prevista para la vivienda habitual de las personas físicas, que ahora además, se extiende a los autónomos, empresarios y profesionales respecto de los inmuebles afectos a su actividad económica, por un lado, y también a las personas físicas que tengan arrendados inmuebles por los que no perciban la renta arrendaticia en aplicación de las medidas en favor de los arrendatarios como consecuencia del estado de alarma.

Se ha aprobado una disposición adicional en la que se flexibiliza la disposición para recuperar los planes de pensiones, para aquellos trabajadores que se hayan quedado en situación de desempleo o que hayan sufrido el cese de actividad como consecuencia de la crisis del Covid-19 podrán disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones.

El Gobierno de España ha legislado unas medidas laborales, con el RDL 10/2020, de 29 de marzo, publicado en el BOE a las 23,45 horas de ese día, siendo uno de los puntos más novedosos el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, siendo la prioridad de la medida reducir la movilidad de la población en la lucha por la expansión del Coronavirus entre la población.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que beneficiará a unas 500.000 familias vulnerables y que contempla la suspensión de los desahucios durante seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, por importe de 700 millones de euros, entre otros.