El pasado 13 de mayo se publicó una nueva norma, el Real Decreto-ley 18/2020, con medidas sociales en defensa.

Tras el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para ampliar el estado de alarma 15 días más, hasta el próximo 7 de junio, frente al mes solicitado inicialmente por Sánchez, el Gobierno ha ampliado a cuatro meses (un mes más) el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamiento tributarios motivados por el impacto de la Covid-19, siendo esta moratoria tributaria una de las condiciones del acuerdo a cambio del apoyo de Cs en la quinta prorroga del Estado de Alarma.

El Consejo de Ministros ha acordado el pasado martes 19 de mayo incluir en el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma, el alza de la suspensión, después de 83 días, de los plazos procesales con efectos desde el 4 de junio.

La justicia avala el cese disciplinario si el empleado no justifica su ausencia aunque la empresa le llame antes de tiempo.

La banca advierte de que las estrictas condiciones y la burocracia fijadas por el Gobierno harán muy complicado que lleguen a muchos de sus potenciales destinatarios

Siempre, aun en los tiempos en que nos toca convivir con esta pandemia derivada del virus Covid-19 , resurge de entre toda la vorágine un poso de solidaridad y ayuda para con nuestros semejantes que se convierte en motivo de noticia alentadora y pujante que hace que, conocida la misma, se valore en su justa medida a todas esas personas, empresas y vecinos que, sin conocerse de nada, actúan en pos del beneficio común aportando su trabajo, ayuda y, por qué no decirlo, esfuerzo económico.

Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para mitigar la difícil situación de los autónomos parecen no ser suficientes, al menos a juicio de los miembros del colectivo. De hecho, si no se toman medidas urgentes, muchos trabajadores pueden sufrir las consecuencias de una pandemia que, como ya ha quedado demostrado, está teniendo un impacto sin precedentes sobre el tejido productivo y empresarial español.

La situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 constituye una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

Si en algo pueden estar de acuerdo todos los agentes económicos frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19,  es en la previsión de encontrarnos ante un hundimiento de gran calado del tejido empresarial, en un auténtico desplome de la economía, de mayor o menor intensidad según distintas opiniones, tanto en el aspecto  cuantitativo como en su alcance temporal, pero en todo caso de unas proporciones no conocidas en los últimos 80 años de nuestra historia.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado lunes la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el fin del estado de alarma aprobado por el Congreso de los Diputados hasta el próximo 24 de mayo.