El Consejo General de la Abogacía
Española señaló, en un comunicado difundido en su página web, que la ley
"puede resultar de imposible cumplimiento" en lo relativo a la
solicitud de prórroga cuando en los plazos previstos, de seis a dieciocho
meses, no pueda completarse la instrucción y "porque habrá de aplicarse a
todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos
los juzgados de España". El órgano de los abogados ha añadido que, en todo
caso, "es poco eficaz la novedosa regulación si la prórroga tiene que
resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes,
continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de
la mayor parte de los intervinientes en el proceso".
Los abogados reclamaron este lunes
"participación y diálogo" para alcanzar una "solución
consensuada" entre el Ministerio de Justicia y los profesionales
jurídicos, incluidos los abogados, antes de la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, prevista para el 5 de diciembre. Todas las
asociaciones de jueces y fiscales han criticado el nuevo proceso de
investigación penal contenido en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, a la que llaman "ley de punto final", que limita el tiempo
de las instrucciones a un plazo de entre seis y dieciocho meses.
El titular de Justicia, Rafael Catalá,
intenta aplacar las críticas prácticamente unánimes. El ministro asistirá este
martes a la reunión del Consejo Fiscal para tratar de acercar posturas sobre el
nuevo modelo, que plantea un plazo de seis meses para instruir las causas
ordinarias y de dieciocho para las complejas, en ambos casos prorrogables a
instancias del fiscal o, de forma excepcional y justificada, de una de las
partes.
Catalá ha explicado que no tiene
intención de retirar la ley o aplazar la entrada en vigor como le exigen las
asociaciones de jueces y fiscales. Ofrecerá más fiscales sustitutos y apoyo
informático. También instrucciones a los secretarios judiciales para que den
traslado de las causas.
El Consejo de la Abogacía ha destacado,
asimismo, que, de acuerdo con la ley, los abogados, "en defensa de los
intereses de las partes procesales", también pueden solicitar al juez de
instrucción, junto con los fiscales, la ampliación de los plazos para la
finalización de la instrucción.
El pasado 16 de octubre, seis
asociaciones de jueces y fiscales hicieron público un comunicado conjunto en el
que piden la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal por considerarla una "ley de punto final". Nunca antes
tantas asociaciones de jueces y fiscales habían firmado un comunicado así. Al
mismo tiempo, ya han firmado una carta similar más de 1.000 fiscales de un
total de 2.500. El comunicado lo firman Jueces para la Democracia, Asociación
de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial
Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión
Progresista de Fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, no suscribió ese comunicado,
pero rechaza el sistema de plazos en la instrucción y reclama su modificación.
Por su parte, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha considerado que las
últimas modificaciones de la instrucción penal llevadas a cabo no mejoran la
"calidad y eficiencia" de la Justicia. Asimismo, ha defendido que se
necesita un proyecto global de modernización del sistema de justicia para
mejorar la "calidad, su eficiencia y la independencia judicial".
FUENTE: EL
PAIS
