El Parlamento Europeo aprueba la regulación modificando el borrador que elaboró la Comisión Europea para aumentar el control sobre la IA generativa y prohibir los sistemas de vigilancia biométricos.

La Comisión Europea presentó la propuesta del Reglamento DORA (Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero) en septiembre de 2020, el cual tiene su base jurídica en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Reglamento forma parte del paquete de finanzas digitales, que trata de una serie de medidas destinadas a garantizar el buen funcionamiento del mercado interior digital, apoyando las nuevas tecnologías financieras y sin dejar de proteger a los consumidores e inversores.

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, para completar la transposición de la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, en relación a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades.

Se trata de un conjunto de medidas que amparan a quienes presentan dificultades para pagar la hipoteca.

Las personas físicas que sean titulares de un valor superior a 50.000 euros en criptomonedas están obligadas a informar del saldo de las mismas en la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio, de acuerdo con el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril.

Después de más de un año de negociaciones, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han llegado a un acuerdo sobre el Estatuto del Becario. 

Este tributo afecta a los contribuyentes con patrimonios netos superiores a los 3 millones de euros y se pone en marcha el mismo año que se produce una rebaja del IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros para mitigar el impacto económico de la guerra de Ucrania.

Había generado dudas porque no se modificó la regulación específica. El INSS lo ha aclarado a través del Criterio 14/2023 de 1 de junio de 2023.

A partir del pasado 13 de junio de 2023, las empresas con más de 250 empleados están obligadas a establecer un canal de denuncias interno. Esta nueva medida se deriva de la Ley 2/2023, que tiene como objetivo regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.